Una jornada de infarto entre fiscales

El escrito del fiscal David Martínez produjo ayer una mañana de infarto en los ambientes fiscales. La Fiscalía Anticorrupción, tal como se lo había solicitado el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, le envió el documento el lunes por la mañana, antes de elevarlo al juez Baltasar Garzón.

Ayer, ante los rumores que circulaban sobre posibles imputaciones, el juez Baltasar Garzón dictó una providencia en la que solicitaba que se le enviara el escrito. Según fuentes solventes, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, llamó a Jesús Cardenal, y le señaló que existían versiones sobre el escrito enviado el día anterior que no se correspondían con su contenido, indagando si tenía alguna corrección que hacer.

Jesús Cardenal plegó velas en relación con su deseo de estudiar el asunto varios días

El fiscal general, por su parte, explicó que el escrito hacía referencia a operaciones muy complejas y que prefería pensar en ello durante varios días. Jiménez Villarejo respondió que dilatar más la situación podía ser perjudicial para la instrucción de la causa. Y agregó que Garzón le acababa de notificar una providencia. En ella, informó Jiménez Villarejo, se le pedía el escrito.

Cardenal, según fuentes de la Fiscalía General del Estado, dijo que en ese caso se le enviara el texto del borrador tal cual estaba. No tenía, pues, objeciones ni indicaciones a la propuesta. La Fiscalía Anticorrupción, tras la aceptación verbal, envió el texto al juez Garzón.

En medio de los acontecimientos, el secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, careció hasta poco antes del almuerzo de información precisa sobre su situación. Aunque algunos ministros del Gobierno conocían su situación de imputado, todos los indicios apuntan a que nadie se lo hizo saber. Poco antes de la comida, el secretario seguía sin conocer si estaba imputado o sería llamado a declarar como testigo.

Cardenal no había tenido hasta ahora un interés especial por el caso BBV Privanza Jersey, un procedimiento que lleva más de dos años. Hacía algunas semanas, después de Semana Santa, Jiménez Villarejo le informó de que un testigo había hablado de la participación de Rodríguez Ponga en algunas operaciones. La trascendencia del nombre del secretario de Estado llevó al fiscal jefe a poner en conocimiento del fiscal general ese hecho.

Fue la semana pasada cuando Cardenal informó a Jiménez Villarejo de que antes de presentar el escrito a Garzón se lo enviara para su estudio.

Ayer, pues, al urgir Jiménez Villarejo una definición, y ante la providencia de Garzón, el fiscal general del Estado plegó velas en relación con su deseo de estudiar el asunto varios días y dio su visto bueno al escrito. Jiménez Villarejo, ha dicho una fuente, 'casi se lo arrancó'.

La propuesta de actuaciones deberá ser ahora examinada por el juez Garzón, quien será el que dicte un auto para ordenar la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción tenía dos opciones. Una de ellas era continuar la investigación para reunir más material probatorio; la otra, según el artículo 118 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, comunicar a los afectados los indicios ya existentes y citarles a declarar en calidad de imputados con las máximas garantías procesales. La tendencia hacia este tipo de opción, en casi todos los procedimientos penales,es cada vez más firme.

Las dos alternativas tienen sus problemas. Paradójicamente, la opción más garantista, la de imputar apenas existen indicios para que la persona imputada sepa de qué se le acusa y pueda defenderse, supone el riesgo de provocar daños irreparables si finalmente la acusación queda en agua de borrajas.

La otra opción, la de continuar la investigación en medio de informaciones y versiones en los medios de comunicación, sin dar cuenta a las personas acusadas, da lugar a su indefensión.

La Fiscalía Anticorrupción ha optado por imputar a todas las personas sobre las que existen indicios preliminares y darles la oportunidad de defenderse desde el comienzo.

El escrito, en esta línea, no intenta construir argumentos jurídicos sino describir los indicios existentes sobre la participación de los acusados en una serie de operaciones que podrían constituir delito. Pero tanto la participación de dichas personas como el contenido delictivo de las actividades son dos asuntos que será necesario probar en la instrucción del caso.

El juez Garzón puede, desde luego, asumir todo el escrito de la Fiscalía Anticorrupción o bien introducir cambios procesales importantes. Por ejemplo, puede estimar que los indicios procedentes del testigo protegido no son suficientes para considerar imputado a algunas personas como podría ser el caso de Rodríguez Ponga. El juez ha participado en los interrogatorios de testigos y tiene argumentos para decidir.

Los políticos pueden sustanciar responsabilidades de su ámbito en el Parlamento. Pero eso debería ser compatible con respetar el trabajo del fiscal Martínez y del juez Garzón.