Laudo obligatorio

Últimamente hemos asistido a una serie de huelgas crispadas que se alargan en el tiempo y que producen un gran trastorno social por referirse a servicios de los llamados 'esenciales para la comunidad', y en los que la autoridad (estatal o autonómica) recurre a imponer un laudo obligatorio, por entender imposible cualquier otra solución negociada. Nos referimos a las últimas huelgas de pilotos y a la del transporte de viajeros por carretera de Madrid.

El laudo arbitral es 'de obligado cumplimiento' para empresarios y trabajadores. Equivale a un convenio colectivo y su incumplimiento puede dar lugar a que los trabajadores sean sancionados con las medidas que prevé la ley, incluido el despido. La continuación de una huelga en estos casos la convierte en ilegal al existir ya un convenio en vigor.

El problema que suscitan estos laudos es que están regulados por una norma preconstitucional, cuyo articulado fue, en gran parte, anulado por sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. En concreto se declaró inconstitucional la posibilidad de que la autoridad gubernativa pudiera recurrir a este arbitraje para resolver conflictos derivados del fracaso de la negociación colectiva.

No obstante, el propio tribunal consideró válido el recurso al arbitraje obligatorio en determinados casos excepcionales en los que el derecho de huelga pudiera estar vulnerando otros derechos fundamentales de la comunidad. Así se fijó que el derecho de los trabajadores a defender sus intereses mediante la utilización de los medios de presión habituales, cede cuando con ello se ocasiona un mal más grave que el que los huelguistas experimentarían si sus reivindicaciones no tuvieran éxito. Algo que ocurre claramente cuando se impide o se obstaculiza gravemente el funcionamiento de lo que la Constitución llama 'servicios esenciales de la comunidad'. De ahí que la imposición de un arbitraje obligatorio se considere justificado si la duración del conflicto y el grave perjuicio causado a la comunidad así lo exijan.

La falta de una ley de huelga 'constitucional' es quizá la mayor causa del cariz que toman estos conflictos y de la incertidumbre que generan. Desde distintos ámbitos se reclama la aprobación de dicha norma.