Enron pasa factura a los auditores

Las grandes empresas de servicios profesionales, que igual hacen una auditoría, que asesoran una fusión, dan consejo legal o implantan un sistema informático, no ocultan su inquietud. La implicación de Andersen en el caso Enron ha empujado al Gobierno de Estados Unidos a replantearse la forma en qué vigila a estas firmas.

En España, sin embargo, la reforma de la ley de auditoría, aprobada en 1988 y que empezó a estudiarse la legislatura pasada, está parada. En parte, por la incapacidad de los auditores para hablar con una sola voz, pero también porque el Gobierno espera a que la Unión Europea defina las normas que deben garantizar la independencia de los censores de cuentas. Las exigencias corporativas de los auditores antes del escándalo de Enron insistían en la autorregulación profesional y en imponer límites a la responsabilidad en caso de errores. En España ninguna de las grandes firmas, reducidas a cuatro tras la desintegración de Andersen, ha sido condenada todavía a pagar a accionistas o inversores, auque hay causas en marcha.

La Comisión Europea trabaja en un borrador que obligaría a las auditoras a hacer públicos los ingresos por cada uno de los servicios que facturan o a cambiar los equipos que revisan las cuentas de una compañía cada siete años. En España, la rotación de las firmas es casi inexistente. Otra reforma pendiente es la organización empresarial de las firmas, que hoy es nmayoritariamente de partnership.