El vacío del portavoz socialista

La Ley de Partidos Políticos, el silencio mantenido ante la extravagante autorización concedida por José María Aznar a EE UU para que sus servicios de inteligencia militar puedan investigar en España y, en menor medida, el caso BBVA han puesto de relieve, una vez más, uno de los problemas más serios a los que hace frente la oposición: el PSOE sigue sin disponer de un equipo con la suficiente experiencia como para hacer frente con rapidez a las maniobras de un PP y de un Gobierno dispuestos a aprovechar esa circunstancia.

El problema se agrava, según han hecho llegar algunos cargos del partido al secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, por la inexistencia de un portavoz que los ciudadanos puedan identificar con el PSOE y que cumpla sus funciones de manera satisfactoria y continuada. Alguien con suficiente peso político como para enfrentarse al popular Javier Arenas. Zapatero ha prometido estudiar la cuestión, pero sin dar a sus interlocutores ninguna garantía.

El PSOE ve inevitable el lado político del 'caso BBVA', más aún si acarrea la dimisión del secretario de Estado de Hacienda: dos dimitidos en menos de nueve meses

El nombramiento de un portavoz fue estudiado, y desechado, nada más formarse la actual ejecutiva. Se consideró que era un puesto especialmente delicado y difícil. Los miembros de la ejecutiva casi no se conocían y el puesto conlleva un plus de popularidad y peso político que podía despertar recelos. La estrategia, se dijo entonces, sería de grupo: a Rato se opondría Jordi Sevilla; a Pilar del Castillo, Carmen Chacón, y así sucesivamente. Para hacer frente a Arenas se nombró al secretario de organización, José Blanco.

La mayoría de los miembros de la ejecutiva admite ahora que la estrategia ha sido mala, especialmente en lo que se refiere al binomio Arenas-Blanco, pero siguen sin aprobar el nombramiento de un portavoz con carga política.

La primera dificultad es el ámbito de elección: ¿miembro de la ejecutiva o externo? Unos pocos se atreven a sugerir algún nombre, como el de Álvaro Cuesta, pero otra parte prefiere que se mantenga la situación. Fuera de la ejecutiva, por el contrario, se percibe gran ineficacia. 'Vamos a lamentar la ausencia de un portavoz, porque están sobre la mesa asuntos importantes, como el BBVA y la Ley de Partidos, que exigen decisión y cuajo político', se queja un importante dirigente socialista. Por más que Aznar y Arenas amenacen con presentar denuncias por calumnias contra quien insinúe una posición incorrecta del Gobierno, lo cierto es que los parlamentarios tienen libertad para decir lo que estimen oportuno y que los medios de comunicación tienen derecho a reproducir las intervenciones parlamentarias. 'Es increíble que pretendan recortar la libertad en el Parlamento', se indigna una diputada, que lamenta el efecto amedrantador en los diputados más inexpertos.

Por el momento, el portavoz parlamentario para asuntos económicos, Jordi Sevilla, se ha hecho cargo del caso BBVA con una eficacia que reconoce todo el mundo, e incluso ha nombrado un pequeño equipo de seguimiento. Muchos creen, sin embargo, que el tratamiento político del tema y una presencia continuada en la opinión pública no pueden recaer exclusivamente en Sevilla. Más todavía si el actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, fuera llamado a los juzgados y dimitiera, como Enrique Giménez Reyna en su día. Dos secretarios de Hacienda dimitidos en menos de nueves meses tendrían consecuencias políticas para el ministro que les nombró.

Falta de reflejos

Un buen portavoz ayudaría también a tapar la inexperiencia de algunos de los actuales responsables socialistas. Por ejemplo, no se hubiera comportado como Jesús Caldera y Juan Fernando López Aguilar a la salida de la reunión con Arenas en que se estudió la Ley de Partidos. 'Un portavoz sensato hubiera dejado claro que necesitábamos más tiempo', explica un veterano dirigente del PSOE. Buena parte de los militantes está ahora pendiente de la decisión que adopte su secretario general. Por el momento, Zapatero ha hecho saber que no piensa transigir con algo que cree un peligro para la pulcritud constitucional de la lucha antiterrorista.

El mismo malestar por la falta de reacción de los responsables del PSOE existe en relación con los acuerdos firmados por el Gobierno y Washington para el funcionamiento en España de los servicios de inteligencia militar norteamericanos. Tal y como está redactado, el acuerdo permite a militares de EE UU investigar a ciudadanos españoles en el caso de que supongan una amenaza para 'personas y bienes de EE UU', lo que, llevado al absurdo, les daría permiso para investigar a una empresa española que compitiera con una estadounidense. El sorprendente acuerdo ha pasado inadvertido para la mayoría del PSOE, ahora molesto por esa falta de reflejos.