El Poder Judicial suspende de funciones al juez Blánquez durante dos años
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por unanimidad, sancionar con dos años de suspensión de funciones al magistrado de la Audiencia de Guipúzcoa Luis Blánquez Pérez, como autor de una falta muy grave de intromisión, mediante presiones, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otros jueces, prevista en el artículo 417.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Blánquez, un juez polémico que ya estuvo suspendido de funciones con ocasión de otro expediente anterior, cometió la infracción al asegurar que sus dos compañeros de tribunal habían cambiado de opinión al resolver una demanda sobre la celebración del Alarde de Irún (Guipúzcoa), fiesta tradicionalmente prohibida a las mujeres, y en torno a la cual un grupo de mujeres había interpuesto una demanda civil.
Dos de los magistrados del tribunal estimaron que el Alarde requería autorización administrativa, por lo que el conflicto deberían resolverlo los tribunales contencioso-administrativos. Blánquez quedó en minoría al defender que el asunto se podía resolver en la vía civil, sobre la base de desarrollar por separado el Alarde tradicional y el mixto, ya que, según argumentaba, 'no se puede obligar a un grupo de ciudadanos a que aparezca públicamente junto a otro, si no quiere'.
La infracción consistió en que, antes de hacerse pública la sentencia, Blánquez aseguró que sus compañeros habían cambiado de opinión, lo que ha sido considerado una presión sobre sus colegas para que cambiasen la sentencia, además de revelar las deliberaciones secretas del tribunal. La sanción implica que Blánquez perderá su destino en la Audiencia de Guipúzcoa, ya que la suspensión supera los seis meses.
Por otra parte, el Pleno dejó para una próxima deliberación una propuesta de la vocal María Ángeles García para que los 20 consejeros del organismo puedan pedir la adscripción, a tiempo parcial, de un letrado de su confianza de entre los 88 letrados con que cuenta el Consejo.
También se aprobaron los informes a los anteproyectos de la Ley de fundaciones y de creación de equipos conjuntos de investigación en el ámbito de la UE.
