Los largos brazos de la LOU

'La Universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria', reza una afirmación recogida en la exposición de motivos de la primera ley democrática de universidades (LRU), que feneció el 20 de enero al entrar en vigor la controvertida Ley Orgánica de Universidades (LOU) aprobada con el rechazado de los rectores españoles, sindicatos, estudiantes y la oposición en bloque, excepto los nacionalistas catalanes y canarios. El sentido de esa frase procede del contexto sociopolítico del momento, que buscaba consagrar con seis décadas de retraso la autonomía universitaria como un derecho fundamental dentro del marco constitucional democrático, recién estrenado. No obstante, el debate, contrariamente a lo que pudiera parecer, no se ha cerrado 17 años después al haber sido incluida de nuevo por los redactores del anteproyecto de ley valenciana de consejos sociales, olvidándose de la verdadera razón a la que obedeció esta afirmación.

¿De quién es patrimonio la Universidad? Esta cuestión apenas empieza a airearse, pero el Gobierno valenciano quiere cerrarla lo antes posible, a tenor de los plazos de alegaciones tan cortos fijados por la Administración educativa en el Consejo Interuniversitario del 4 de marzo, en que el Consell puso sobre la mesa el tercer borrador de anteproyecto de Ley de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Valencianas, el de Ley de Creación del Consejo Valenciano de Universidades y el de la Comisión de Acreditación y Evaluación de la Calidad en el sistema valenciano.

Los anteproyectos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS y los ejes sobre los que girarán las alegaciones de las universidades valencianas, así como la opinión de la patronal valenciana CEV al respecto, anticipan un recelo común frente a estos nuevos organismos nacidos con la vocación de adecuar el sistema universitario valenciano al marco jurídico de la reforma universitaria puesta en marcha por el Ministerio de Educación. La preocupación central reside en que 'no sean más que la puerta de atrás para convertir estos nuevos órganos en una especie de consejos políticos que actúen como delegados del Gobierno', según se desprende del análisis hecho por la Universidad de Alicante. Respecto al nuevo Consejo Valenciano de Universidades, la mayoría de equipos universitarios consultados y la propia patronal entienden que debe buscarse una 'tercera vía' para que los equipos de gobierno y los consejos sociales 'trabajen conjuntamente en las comisiones que se crearán para dirigir el sistema universitario valenciano', a fin de evitar interferencias o decisiones contradictorias en sí mismas.

'Se crea el Consejo Valenciano de Universidades como órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno de la Generalitat Valenciana, como instrumento de coordinación del sistema universitario valenciano', reza el Títuto I, artículo 1 del anteproyecto entregado el pasado 4 de marzo por el consejero de Educación, Manuel Tarancón, en el que se define el futuro macroconsejo valenciano a imagen y semejanza del órgano estatal que opera en Madrid con la misma denominación. Un órgano de deliberación y planificación que se ha mostrado obsoleto hasta tal punto que la primera ministra de Educación del Gobierno de Aznar, Esperanza Aguirre, y su secretario de Estado, Fernando Tejerina, comenzaron a revisarlo junto a los rectores para agilizar y hacer más eficiente su funcionamiento.

Pese a las disfunciones puestas de manifiesto públicamente a lo largo de la primera legislatura de Aznar, el actual responsable valenciano de Universidades, Salvador Forner, de acuerdo con las líneas generales del Ministerio de Educación, que dirige Pilar del Castillo, ha redactado una Ley de Creación del Consejo Valenciano de Universidades, a la manera del estatal Consejo de Universidades en que están representados por separado, por una parte la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) -miembros de la Comisión Académica- y, por otra, los respresentates políticos de educación de las distintas comunidades autónomas y del Parlamento -como integrantes de la Comisión de Planificación-.

El objetivo del futuro Consejo Valenciano de Universidades, no es otro, que el de 'asesorar al consejero competente en materia de universidades en todas las cuestiones que se le someta a consulta respecto al funcionamiento del sistema universitario valenciano'. Su estructura estará presidida por el consejero valenciano de turno y un vicepresidente, que recaerá sobre el director general de Universidades, así como un secretaría, cuya designación correrá a cargo del responsable universitario.

Su funcionamiento se regirá, pues, sobre la base de tres órganos unipersonales: Presidencia, Vicepresidencia y Secretaría; y otros tres, colegiados: el Pleno, la Comisión Académica y la Comisión de Coordinación. Pero además, este macroconsejo podrá constituir 'comisiones de carácter no permanente' para 'asesorar en aspectos concretos de interés general para el sistema universitario valenciano, en las que podrán participar personas o entidades representativas de los intereses sociales, profesionales, académicos o económicos'.

Para acabar de 'complicar', en opinión de las Universidades, este estadio de toma de decisiones, la recién estrenada reforma universitaria propone la creación de una Comisión Estatal de Acreditación y de Evaluación, con sus correspondientes organismos autonómicos integrados por 'catedráticos de las universidades públicas valencianas con experiencia docente e investigadora acreditada'. Inicialmente, los requisitos y el nombramiento pretendido por la Dirección General de Universidades era para 10 años, lo cual es considerado excesivo incluso por algunos presidentes de consejos sociales, pese a que éstos son nombrados directamente por el Consell.

El 'funcionamiento' de este macroconsejo valenciano de universidades amplía, de forma considerable, la esfera de competencias de un órgano que, en opinión de las Universidades de Valencia y Alicante, puede chocar incluso con las competencias de gestión atribuidas a los equipos de gobierno de las universidades (consejos de gobierno, secretaría general de las universidades, y gerencia) por la primera ley democrática de universidades LRU y también por la LOU, cuya ambigüedad en su redacción permite estas abstracciones a la hora de ser aplicada.

El futuro consejo, inicialmente según el borrador presentado, tendrá también que 'proponer los criterios comunes para establecer los procedimientos de admisión de estudiantes que soliciten su ingreso en centros de las universidades públicas valencianas'. Nada dice de las universidades privadas, cuyo control y regulación queda prácticamente al margen de los Gobiernos centrales y autónomico, según reconocen los propios agentes empresariales con 'preocupación'.

La ordenación de créditos, becas y ayudas, así como la programación de la oferta de enseñanzas, y la aprobación de cualquier normativa o regulación univesitaria, también recaerá sobre este macroconsejo. La principal dificultad estriba ahora en diseñar puentes que eviten la separación entre equipos de gobierno universitarios y consejos sociales (agentes económicos y sociales, además de los políticos) en un organismo en el que, de entrada, sólo está previsto que se vean las caras en el plenario.