La Unió acusa a Ramón-Llin de buscar culpables para tapar su 'nefasta política'

Las manifestaciones realizadas el lunes por la consejera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin, en las que criticaba el 'doble lenguaje' utilizado por la Unió de Llauradors en el decreto de la pinyolà desató ayer la indignación de la organización agraria. Para su secretario general, Joan Brusca, Ramón-Llin 'miente' con estas críticas, que en su opinión intentan 'justificar lo injustificable y buscar culpables a la nefasta política de su departamento'. Las críticas de la Unió se centraron en el incumplimiento de los compromisos adquiridos por la consejería para normalizar la actividad apícola y en un rechazo a la 'manía persecutoria' que en su opinión padece Ramón-Llin. 'Siempre critica a los mismos', resumió Brusca.

El secretario general argumentó su denuncia con un repaso cronológico del intento de regular la actividad apícola en los últimos años. Brusca recordó que Agricultura se comprometió a preparar un plan quinquenal que intentara compatibilizar las actividades citrícolas y apícola y que evitara la aparición de semillas en la fruta (que perjudican la comercialización y retraen el consumo). A principios del año pasado, la consejera presentó al sector agrario diversas medidas, que en junio se tradujeron en un primer borrador de decreto, que 'rompía años de incomprensión con este problema'. Texto al que el sector agrario presentó alegaciones y que, recordó Brusca, tras diversos retrasos en los plazos de presentación se tradujo en un nuevo borrador que dejaba atrás las propuestas anteriores.

Los cambios dentro de este último borrador, que entre otros aspectos contemplaba la prohibición de plantar variedades híbridas desde el 1 de enero de 2003, despertaron el rechazo del sector y, finalmente, Agricultura decidió retirarlo y aprobar para este año una regulación similar a la que limita la actividad apícola en los últimos años. La organización denunció el cambio de posicionamiento de la consejería, a la que devolvió la crítica al acusarla de utilizar un 'doble lenguaje'. El decreto aprobado, recordó el responsable de la Unió, vuelve a prohibir la ubicación de colmenas a menos de cinco kilómetros como forma para evitar la polinización cruzada de los cítricos. Brusca, al igual que el responsable del sector apícola, Antonio Picot, insistieron en la necesidad de marcar un plazo temporal para regular la actividad de este sector. La Unió aseguró que incluso desde dentro de Agricultura se ha reconocido la existencia de presiones para retirar el último borrador.

Las declaraciones de la Unió fueron contestadas también ayer por Agricultura. La consejería explicó que está trabajando en un plan quinquenal que 'permita el asentamiento ordenado de las colmenas'. El departamento recordó que la conclusión del censo citrícola, que está en proceso de elaboración, permitirá regular los asentamientos para que no causen la aparición de semillas.