Puig eludió la orden del Parlament que le obligaba a romper el monopolio ambiental

El consejero del Gobierno catalán Felip Puig hizo caso omiso, cuando presidía el Departamento de Medio Ambiente, de dos requerimientos del Parlament que le instaban a regular por ley las empresas autorizadas a realizar inspecciones medioambientales para la Generalitat, lo que hubiera significado la liberalización del sector. La pasiva actitud de Felip Puig permite todavía a las consultorías ECA e Icict actuar en régimen de monopolio para realizar las mediciones medioambientales de grandes empresas, una concesión que ha invalidado ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los acuerdos parlamentarios se adoptaron en junio de 2000 en la comisión de medio ambiente y en noviembre del mismo año en la comisión de política territorial. Ambas resoluciones, que fueron aprobadas por unanimidad, obligaban a Felip Puig a presentar ante el Parlament antes de un año (junio de 2001) una ley 'reguladora del sistema de acreditación de las entidades colaboradoras de la Administración en materia de medio ambiente'. Con este acuerdo, según reflejan las actas parlamentarias con las intervenciones de los portavoces de todos los grupos, se pretendía acabar con el régimen de duopolio de Icict y la ECA para realizar mediciones de control atmosférico.

Convergència i Unió y el Partido Popular fueron precisamente los grupos que apostaron por elaborar una nueva ley, frente a la exigencias de la oposición de izquierdas, que pretendía sólo invalidar el decreto que fija el duopolio. Los nacionalistas de CiU afirmaron entonces que cancelar la concesión obligaría al Gobierno catalán a indemnizar a estas dos empresas.

El decreto que otorgó a la ECA e Icict 'en régimen de concesión exclusivo y excluyente' este tipo de inspecciones fue firmado en junio de 1999, en la época del consejero de Medio Ambiente Joan Ignasi Puigdollers. Situación que amparó Felip Puig durante los dos años que ocupó este cargo y que ahora ha invalidado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La sentencia considera que este decreto iba en contra de la Ley de Intervención Ambiental de 1998.

Puig dejó el Departamento de Medio Ambiente, para ocupar la cartera de Política Territorial, en noviembre del pasado año sin haber cumplido los requerimientos de la Cámara catalana, es decir, sin haber redactado y presentado la ley de liberalización del sector.

Fuentes próximas a Felip Puig informaron ayer de que los trámites de elaboración de la ley se retrasaron durante el periodo de consultas interdepartamentales y precisaron que la demora no fue en ningún caso voluntaria. Otras fuentes gubernamentales, en cambio, aseguran que el retraso fue deliberado.

La nueva ley liberalizadora continúa, no obstante, acumulando retrasos. Cuando Ramon Espadaler se hizo cargo de la cartera de Medio Ambiente, en noviembre de 2001, no había ningún artículo redactado de la ley, pero los 'temas de criterio, una de las partes más arduas y complicadas, estaban bastante claros', apuntaron fuentes gubernamentales.

El Partit dels Socialistes presentó el pasado mes de enero una pregunta parlamentaria para conocer en qué estado se encontraba su elaboración. El actual consejero de Medio Ambiente contestó que la norma se encontraba en fase de anteproyecto, por lo que el Consell Executiu podría aprobarla en marzo.

No será así. La ley reguladora de las consultorías medioambientales no pasará el trámite gubernamental hasta principios de abril, según fuentes del Ejecutivo catalán. Difícilmente, por tanto, se discutirá en el Parlament antes del verano. Así, Icict y la ECA mantendrán su régimen de duopolio, al menos, hasta finales de este año.

El decreto firmado por Joan Ignasi Puigdollers concedió a ambas empresas esta exclusividad hasta el año 2006, en contra del criterio de los servicios jurídicos del Gobierno de Jordi Pujol. Fue la Asociación Catalana de Ingenierías y Consultorías Medioambientales la que presentó una denuncia judicial contra el decreto.

La ley permitirá abrir el abanico de compañías acreditadas por la Generalitat, en el ámbito español y europeo, para realizar los controles de medición medioambiental de las grandes empresas, tal como exige la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Medio Ambiente ha recurrido ante el Tribunal Supremo contra esta sentencia.