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Reportaje:

Nueve jueces supremos en el banquillo

El Congreso de Argentina acusará esta semana a los miembros del Supremo por el mal desempeño de sus funciones

Se diría que son nueve hombres sin piedad. Los sumos pontífices del poder judicial. Los que tienen en sus manos decisiones trascendentales, que no admiten discusión. Inapelables. La cúspide de la pirámide de la judicatura. Quizá no eran muy queridos por la población, pero quién iba a meterse con aquellos magistrados que parecían estar por encima del bien y del mal. Hasta fecha reciente, los nueve integrantes de la ilustre Corte Suprema de Justicia de Argentina eran intocables en sus cargos vitalicios. Esta semana, la comisión parlamentaria de Juicio Político presentará los cargos acusatorios contra los miembros del alto tribunal por mal desempeño de sus funciones. Comienza una etapa decisiva que puede fulminar a nueve jueces supremos en el último tramo de su carrera profesional.

Cada juez acumula al menos 15 causas, la mayoría escándalos de la última década

'De acá me van a sacar con el Ejército', dijo Adolfo Vázquez, uno de los magistrados

Algo empieza a cambiar en Argentina. Quienes se comportaban como seres todopoderosos viven recluidos, sin apenas aparecer en la escena pública. Cuando se mueven lo hacen fuertemente custodiados. No están los tiempos para correr riesgos. Los ilustres cortesanos son objeto de constantes manifestaciones de repudio en distintos puntos del país que llegan hasta las puertas de sus casas, a menudo embadurnadas con pintadas ofensivas. Ahora, los ciudadanos conocen sus nombres y sus caras y saben dónde viven. Un nuevo grito de guerra recorre Argentina: '¡Que se vayan todos!'. La Corte Suprema de Justicia es la institución más cuestionada.

La mayoría calla, pero alguno, como Adolfo Vázquez, no esconde su arrogancia. 'De acá me van sacar con el Ejército', ha dicho. La noche del jueves pasado no pudo salir de su casa al comprobar que una veintena de personas le esperaban en la calle con insultos. Dio marcha atrás y al día siguiente presentó una denuncia por 'amenazas y privación ilegal de libertad'.

La Corte resuelve anualmente 14.770 causas. Cuenta con 192 funcionarios de alta jerarquía que asisten al tribunal y emplea a 2.341 funcionarios y empleados administrativos. Como comparación, la Corte Suprema de Estados Unidos, de cuya jurisprudencia se nutre el máximo tribunal argentino, decide entre 70 y 90 casos por año (menos del 1% que en Argentina, a pesar de tener siete veces más habitantes).

El inicio del juicio político por parte del Congreso, que cuenta con el respaldo del Gobierno, es la puntilla que podría desembocar en la destitución de los miembros del alto tribunal. Las causas son numerosas -cada uno de los jueces acumula no menos de 15-, e incluyen los mayores escándalos no resueltos de la última década en los que la Corte dio carpetazo. Como el atentado a la Embajada de Israel -los diputados acusadores hablan de negligencia por la demora injustificable de la Corte en la instrucción de la causa-; el rebalanceo de tarifas telefónicas -el tribunal dio validez legal al aumento de tarifas durante el Gobierno de Menem y al desmantelamiento del organismo regulador que dejó desamparados a los usuarios-; el caso Corrientes -los jueces habilitaron la candidatura a gobernador de la provincia de Raúl Romero Feris, a pesar de que estaba detenido y procesado-; o el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, por el que fue detenido y procesado y posteriormente absuelto el ex presidente Menem. 'Hoy, la Corte Suprema no es un órgano independiente y por eso está siendo enjuiciada', dice Sergio Acevedo, diputado peronista y presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja.

Los jueces tardaron 24 horas en responder al inicio de la ofensiva del Parlamento. Un día después de constituirse la comisión de Juicio Político, la Corte Suprema declaró inconstitucional la congelación de depósitos bancarios (corralito), en el polémico fallo del caso del ciudadano Carlos Antonio Smith, que había exigido la restitución de sus fondos al banco en la provincia de Corrientes. La sentencia, redactada y firmada en escasas horas, echó más leña al fuego y el presidente Eduardo Duhalde la calificó de chantaje. La comisión parlamentaria dijo que se creaba un clima institucional de resultados imprevisibles. 'La Corte no actuó en beneficio de los ahorristas ni del sistema financiero, sino en respuesta al juicio político, para crear caos', opina Acevedo.

Entre los 31 diputados que forman la comisión de Juicio Político hay planteamientos claramente divergentes. Quienes abogan por una reforma profunda del poder judicial critican el hecho de que los magistrados no están sometidos a los mismos códigos de conducta y rendición de cuentas que el resto de funcionarios. No están obligados a presentar sus declaraciones juradas, están exentos del pago del impuesto a las ganancias y no se han visto afectados por recorte salarial alguno.

La falta de transparencia y deliberación en la designación y destitución de jueces es norma, los partidos políticos hacen y deshacen al margen del Parlamento. El prestigioso constitucionalista Rafael Bielsa, ex síndico general de la Nación (cargo similar al Defensor del Pueblo), opina que 'ésta es una ocasión única para sentar de manera ejemplar las bases de un nuevo poder judicial. No se trata de remover un número de jueces. Habrá que remover a quienes merezcan ser removidos porque se probó que merecían serlo. Un juicio político no es un juicio final, es un juicio, en alguna medida, de concepto'.

Hay miembros de la comisión de Juicio Político, como la vicepresidenta Nilda Garré (Frepaso) o Elisa Carrió (ARI), que opinan que un cargo vitalicio tiene que ser examinado no sólo de sus conocimientos jurídicos, sino de sus condiciones democráticas y de su trayectoria pública.

Las peticiones de juicio político en manos de la comisión parlamentaria ascienden a 32. 'Algunos son muy serios y muy concretos', asegura Bielsa, y afirma que afectan a los nueve miembros. Pero el grueso de las denuncias apuntan a los cinco integrantes de la llamada mayoría automática, que son Julio Nazareno (presidente), Guillermo López, Adolfo Vázquez, Moliné O'Connor y Antonio Boggiano. Todos ellos fueron nombrados por Menem, más Augusto Belluscio y Gustavo Bossert. Enrique Petracchi y Carlos Fayt son los miembros restantes.

Nazareno ha llenado bastantes crónicas mundanas. De él se recuerda, por ejemplo, que una vez pasó un semáforo en rojo cuando iba a jugar al golf. Un policía le dio el alto y el juez interpeló arrogante: '¿Usted sabe con quién está hablando?'. El incidente terminó ahí y el presidente de la Corte Suprema siguió su camino sin multa ni sanción alguna. Bielsa subraya que Nazareno está muy asociado 'a una vida impropia' de su cargo.

Jorge Bacqué, nombrado por Raúl Alfonsín, protagonizó uno de los gestos cívicos más notables de la Argentina de los últimos años. En abril de 1990, el presidente Carlos Menem promovió la ampliación de la Corte Suprema, y el juez advirtió que si aumentaba el número de miembros del alto tribunal de cinco a nueve se generaría una mayoría automática, que quebraría la continuidad jurisprudencial. 'Si esta ley se aprueba, voy a renunciar', dijo. Y renunció. Fue el único. 'Tuve el pálpito, que confirmé inmediatamente en el primer año, de que no podría hacer nada en contra de la nueva mayoría. La Corte, a veces con el voto de alguno de los viejos y otras veces sólo con los cinco nuevos, empezó a dictar sentencias con una ideología mucho más conservadora. Por ejemplo, en materia laboral o de la vida privada de las personas'.

Una encuesta reciente entre juristas le sitúa en cabeza de las preferencias para ocupar un puesto en una eventual Corte renovada. ¿Aceptaría? 'Tendría que pensarlo, la respuesta inmediata es no, pero tendría que ver cuáles son las circunstancias, quiénes serían los demás, que procesos son llevados a cabo, porque nunca aceptaría ser miembro de la Corte si creo que el proceso de separación ha sido injusto. Tendrían que ser demasiadas condiciones que difícilmente se darían'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de febrero de 2002