Un debate innecesario
Escribía el profesor Esteve Zaragoza que 'la generalización de la enseñanza al 100% de la población supone un cambio cualitativo que modifica los objetivos, las formas de trabajo y la esencia misma del sistema educativo'. Ante el fragor de la polémica suscitada a raíz del anuncio ministerial de implantar la reválida como medio para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, me parece necesario hacer algunas precisiones, que arrancan en gran medida de esa reflexión. En efecto, hace 25 años, no estaban escolarizados todos los niños en edad de enseñanza obligatoria, los alumnos matriculados en la enseñanza secundaria no llegaban al 30% del total, la tasa de analfabetismo superaba el 12%, y el abandono escolar era la norma de miles de pueblos españoles y de barriadas marginales de nuestras grandes ciudades: no se hablaba del fracaso escolar, sencillamente porque la inmensa mayoría de nuestros jóvenes no tenían ni la opción de fracasar; simplemente, no iban a la escuela, o la abandonaban a la fuerza.
Desde los Pactos de la Moncloa hasta hoy, la sociedad española ha realizado uno de los mayores esfuerzos conocidos en Europa para extender el derecho a la educación al conjunto de sus ciudadanos. Porque ése era el problema: cómo conseguir que el derecho a la educación, que solo podía ser ejercido por una parte de la población, y sobre cuyo ejercicio pesaba como una losa la desigualdad social, pudiera ser ejercitado en condiciones de igualdad. Negar que la universalización de la educación gratuita hasta los 16 años y el fortalecimiento del sistema público de educación en España han sido logros de los gobiernos socialistas (1982-1996) es negar la historia. Y ese sistema educativo es el que el Gobierno del PP se propone cambiar, según dice, para mejorar su calidad, aunque inmediatamente vincula su propuesta al 'fracaso' de la LOGSE y de la política socialista que la inspiró.
Lo que se está cuestionando, así, es toda una concepción progresista de la educación, después de 6 años de gobierno conservador que han significado un descenso en el gasto destinado a la enseñanza pública en beneficio de la privada. El sistema educativo debe servir para formar y preparar a nuestros jóvenes para la vida activa, pero como no todos se encuentran en iguales condiciones económicas, sociales y culturales para el ejercicio de ese derecho, no puede hacerlo sin compensar esas desigualdades. Por eso es esencial mantener un sistema que apuesta por la escuela pública, para que pueda ser un instrumento de cohesión social, que sirva para corregir desigualdades y no para mantenerlas. Y nada de eso, por cierto, está reñido con la cultura del esfuerzo y del trabajo bien hecho; pero deducir de ahí que todo el que suspende no merezca seguir estudiando es como afirmar que el que está parado es porque no quiere trabajar; la cosa es algo más compleja, y no se puede criminalizar a los alumnos que fracasan, porque eso es empujarlos a la pura exclusión social.
La sociedad española de hoy ha puesto en manos de nuestros centros escolares tareas que hasta hace pocos años eran asumidas por otras instancias como la familia. Los valores, las actitudes y las pautas sociales que la educación -y concretamente los profesores- debe proporcionar no pueden ser contradichas sistemáticamente por la realidad familiar, social y mediática, sin que todos -alumnos, profesores y padres- acabemos en una esquizofrenia generalizada. La sociedad tiene que entender que un joven de 13 ó 15 años está más horas en su casa y en la calle que en la escuela, y que el sistema educativo no puede ser como Penélope, destejiendo durante 25 ó 30 horas a la semana lo que la TV, la calle y su propia familia tejen durante las 100 restantes.
Si se quiere debatir sobre la calidad de la enseñanza, debatamos, pero en serio. Reducir la cuestión a la Reválida, a la repetición de curso y a los itinerarios no es más que una simplificación que puede ser muy útil para hacer de este debate una encarnizada batalla, pero no para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. ¿O no era de eso de lo que se trataba?
Manuel Gracia Navarro es diputado andaluz del PSOE y ex consejero de Educación.
