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Entrevista:JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ARMENGOL | Decano de los jueces de Madrid

'La ciudad judicial debe estar en el centro de Madrid'

El nuevo decano de los 227 jueces de Madrid, José Luis González Armengol, de 40 años, considera que la futura ciudad judicial debe enclavarse 'en el centro de la capital', y afirma que Madrid necesita otros 30 juzgados más para poder absorber la abultada carga de trabajo que reciben los jueces. Su elección como decano ha sido una sorpresa: todas las quinielas apuntaban al candidato de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Gregorio Plaza. En esta ocasión, los jueces de Madrid han apostado por un magistrado de la moderada Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Pregunta. Por los edificios judiciales de la plaza de Castilla, con 12 plantas cada uno, pasan a diario más de 6.000 personas, entre testigos, inculpados abogados. Si se produjera un incendio, ¿por dónde se evacuaría a estas personas? No hay escaleras de emergencia

'Hay que crear 30 nuevos juzgados en dos o tres años. Y, con carácter de urgencia, hay que crear tres o cuatro nuevos juzgados de instrucción, uno de éstos de guardia'

Respuesta. Hay deficiencias en ese terreno. Es sorprendente que no sólo los edificios de la plaza de Castilla, sino todos los del organigrama de los juzgados de Madrid unipersonales, carezcan de un plan de evacuación. Es obvio que ante un incendio las consecuencias serían funestas.

P. Pero, si hay muertes, el responsable es el decanato.

R. La competencia es del Ministerio de Justicia, aunque el decanato va a trasladar estas deficiencias al Consejo General del Poder Judicial y al ministerio. Una de las prioridades es garantizar y reforzar la seguridad integral de ambos edificios.

P.. ¿Cómo es posible que un juzgado de guardia se quede sin luz y con todos sus ordenadores bloqueados? Le pasó, por ejemplo, al Juzgado de Instrucción 24 el 26 enero.

R. Entonces no era aún decano. Pero me informaron de que ese corte de luz estaba previsto, que hubo un problema con los generadores eléctricos. Aunque eso da idea de cómo están las cosas.

P. El ministerio se ha gastado más de 30 millones de euros en implantar el sistema informático en los juzgados y los funcionarios no cesan de quejarse. Dicen que es inoperativo.

R. Sí, todo el mundo se queja. El programa informático Libra está desfasado y no es el adecuado para una justicia moderna y eficaz. Su aplicación ha sido defectuosa y se están haciendo retoques.

P. ¿Cómo es posible que un pleito civil tarde años en resolverse?

R. Se necesitan muchos más medios. Un pleito tarda entre ocho y diez meses en el juzgado de primera instancia. Si el fallo se recurre, entre dos y cuatro años en la Audiencia. Y si llega al Tribunal Supremo, el pleito puede tardar en resolverse 10 años. Cada juzgado de lo civil recibe al año unos mil nuevos asuntos, cuando el propio Consejo del Poder Judicial recomienda que no haya más de 700 casos por juzgado.

P. Los 46 juzgados de instrucción, los que investigan delitos, también están saturados de trabajo.

R. Desde 1989 no se han creado juzgados de instrucción en Madrid. Sólo hay 227 juzgados, entre todas las jurisdicciones, para cuatro millones de habitantes. Hay que crear 30 nuevos juzgados en dos o tres años. Y con carácter de urgencia, hay que crear tres o cuatro nuevos juzgados de instrucción, uno de éstos de guardia. También hay que crear seis nuevos juzgados de lo civil, dos de ejecutorias, igual número de lo social y otros dos de lo contencioso.

P. Los juicios rápidos siguen estancados en Madrid

R. Para que haya juicios rápidos tiene que haber más juzgados de instrucción, y que entre en funcionamiento el cuarto juzgado de guardia.

P. Pero si ya fue aprobado ese cuarto juzgado, que, entre otras cosas, se iba a encargar de tramitar las denuncias relacionadas con violencia doméstica.

R. Sí, pero no ha entrado aún en funcionamiento, porque no hay dinero para dotarlo, ni tampoco infraestructura.

P. ¿No hay infraestructura?

R. Tenemos un déficit de instalaciones. Existe dispersión judicial en todas las jurisdicciones. Hay que reclamar a los poderes públicos para que nos faciliten inmuebles dignos y podamos aglutinar todos los juzgados. Ahora están repartidos por Madrid, con los problemas que ello genera a profesionales y usuarios.

P. ¿Qué pasa con la ciudad judicial? La Comunidad de Madrid ha mencionado varios posibles enclaves.

R. Al margen de preferencias personales, entendemos que los juzgados deben estar agrupados y centralizados. Y allí donde se ubiquen debe haber buenas comunicaciones. En Europa y en las comunidades autónomas que han asumido las transferencias en materia de justicia, las sedes judiciales están en el centro de las poblaciones. Personalmente, no me importaría seguir aquí, en la plaza de Castilla, aunque mejorando lo que hay e instalando los juzgados ahora dispersos en las inmediaciones. De todas formas pienso que el futuro campus judicial debe estar en el centro de Madrid, por las buenas comunicaciones existentes. Los edificios bancarios que ha adquirido la Comunidad en el centro serían un buen lugar.

P. El sótano en el que se guardan los millones de artículos, joyas y objetos que decomisan jueces y policía a los delincuentes es un caos de desorden.

R. Existen informes de los bomberos diciendo que, en caso de incendio, no podrían acceder a él debido a las estanterías que hay dentro. Habría que buscar otro lugar y almacenarlos correctamente, colocando a cada artículo un código de barras para que no se destruyan, se pierdan o se sustraigan.

P. ¿Cuánto gana un juez?

R. Treinta euros por sentencia. La pérdida de poder adquisitivo de los jueces en los último 10 años ha sido del 25%. No hay por qué ocultar la desmotivación y descontento que existe en este sentido dentro de la judicatura. El incremento de trabajo a nivel estatal ha pasado de 1.700.000 asuntos en 1989 a siete millones en 1999. En España hay un juez por cada 11.000 habitantes, mientras que la media europea es de un juez por cada 4.000 habitantes. Portugal, con 10 millones, tiene 2.000 jueces. y España, con 40 millones, no llega a los 3.500.

P. ¿Qué opina de la decisión del CGPJ de suspender a los jueces de la Audiencia Nacional que liberaron al narco Carlos Ruiz Santamaría?

R. No la comparto. Lo correcto, desde el aspecto jurídico, era haber esperado al procesamiento, si es que éste se produce. Esto sienta un precedente grave. El propio Consejo pone el listón altísimo. Si a partir de ahora la admisión a trámite de una querella supone apartar al juez, tendremos que importar jueces de otros países. La norma general del Tribunal Constitucional es siempre decretar la libertad; lo excepcional, antes del juicio, es la prisión, que se puede revisar en cualquier momento.

P. Sus dos antecesores prometieron luchar contra los subasteros y lo cierto es que siguen ahí, acaparando los pisos baratos que se subastan en los juzgados.

R. Todo lo que sea adoptar medidas para frenar la intromisión y alteración del precio final de un bien que se subasta será apoyado desde el decanato. Intentaremos, con la ley en la mano, seguir combatiendo a este grupo mafioso de los subasteros. Y vamos a seguir luchando para que todos los ciudadanos estén en condiciones objetivas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 10 de febrero de 2002