Los algodoneros amenazan con acumular tractores en Sevilla hasta que Torres Hurtado les deje ir a Madrid

La asociación agraria COAG sigue empeñada en que la tractorada que inició el miércoles en Jerez y que la Guardia Civil frustró el jueves al impedir su acceso a la N-IV en Carmona (Sevilla) llegue a su destino previsto para protestar por la nueva normativa estatal sobre el algodón: las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. La asociación agraria quiere sumar nuevos vehículos en los próximos días a los más de 400 tractores y 20 cosechadoras que están aparcados desde la tarde del jueves en la Plaza de España de la capital hispalense, frente a la sede de la Delegación del Gobierno central. COAG amenaza con seguir acumulando tractores hasta que el delegado, José Torres Hurtado, les dé una solución.

Los algodoneros movilizados por COAG recibieron ayer el apoyo de UPA ( Asaja, apoya la normativa del Ministerio) y de una veintena de alcaldes de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén, que junto al presidente de la Diputación de Sevilla, Luis Navarrete, parlamentarios del PSOE e IU y representantes del Sindicato de Obreros del Campo y de CC OO arroparon la asamblea que celebraron los agricultores pasado el mediodía en la Plaza de España.

'El jueves estaba en Granada, hoy [por ayer] nos dicen que está en Málaga, pero hasta que el señor Torres Hurtado no venga aquí y nos dé una solución, no nos vamos', vociferó el secretario regional de COAG, Miguel López. La asociación agraria informó después de que tractores de Córdoba, Jaén y Murcia se pondrían en marcha este fin de semana para sumarse a la concentración frente a la Delegación de Gobierno. Tras la asamblea, más de 2.000 agricultores se dirigieron a la sede regional del PP, a cuya fachada tiraron varios huevos, donde entregaron un escrito dirigido a la presidenta de los populares en Andalucía, Teófila Martínez, para que medie en el conflicto.

La orden del Ministerio de Agricultura que ha provocado la oposición radical de COAG, UPA, las desmotadoras y la Junta tiene su origen en la aplicación está haciendo el Ministerio del reglamento comunitario que regula las ayudas de Bruselas al algodón, reformado el pasado otoño.

- La nueva norma europea. La reforma del reglamento del algodón mantuvo las cuotas establecidas para Grecia (782.000 toneladas) y España (249.000 toneladas), los dos países productores, frente a la aspiración de los agricultores que pedían una ampliación del algodón con derecho a ayuda. A cambio, también se mantuvo la penalización a las cerca de 170 pesetas por kilogramo que reciben los algodoneros de ayuda: la mitad del porcentaje en el que se hubiese superado la cuota. Así, en la campaña de 2000, España superó en un 56% la cuota y Bruselas penalizó la ayuda en un 28%. La Comisión puso un segundo mecanismo, que aumenta la penalización a partir de las 362.000 toneladas en el caso de España. Si llega a aplicarse este segundo mecanismo la producción dejaría de ser rentable, pero con la superficie que se siembra habitualmente, unas 100.000 hectáreas, ese umbral no suele alcanzarse.

- Presión de otros cultivos. El recorte en las ayudas al girasol, la cuota fija en la remolacha y las penalizaciones reiteradas en las ayudas al maíz hacen que muchos propietarios de explotaciones de regadío en Andalucía pretendan sembrar algodón en las próximas campañas, un riesgo que admiten Junta, Ministerio y sector.

- Limitación a la siembra. El nuevo reglamento comunitario, ante los temores de Grecia y España sobre un hundimiento de la ayuda y los precios por sobreproducción, permite a los Estados 'limitar las superficies que pueden optar a la ayuda'. Los criterios, muy generales, para esta limitación son: la importancia de la economía agraria en la regiones afectadas, el estado del suelo de las explotaciones, la gestión de aguas de riego y rotaciones que mejoren el medio ambiente.

- Rotaciones. En la orden aprobada hace dos semanas, el Ministerio opta sólo por obligar a rotar de cultivo este año a las explotaciones que hayan sembrado algodón las dos últimas campañas, una medida a la que obligará cada dos años con un real decreto a partir de 2003. El Ministerio ha establecido una excepción (cinco hectáreas) que, según sus cálculos, deja fuera de la rotación a la mitad de los propietarios. La Junta y COAG mantiene que sólo afectaría al 30%, y propugnan elevar la excepción a 15 hectáreas (70% de los productores) para que el coste de la medida recaiga en los grandes propietarios, más preparados para afrontar económicamente el cambio a un cultivo menos rentable.

- Cierre del mapa. Además de la rotación, Junta, COAG, UPA y desmotadoras propugnan que el Ministerio aplique el primer criterio (la importancia de la economía agraria en la región) para cerrar el mapa del algodón y permitir la percepción de ayudas sólo a los agricultores que hayan cultivado algodón en los últimos años. De este modo, en Andalucía, el mapa posible quedaría limitado a las 144.000 hectáreas, lo que junto a las rotaciones estabilizaría la producción e impediría la entrada de nuevos agricultores. Ministerio y Asaja (que ha criticado la tardanza de la orden estatal) mantienen que esto no es posible porque ese criterio se estableció para impedir la siembra fuera de regiones históricas, pero no para limitar el cultivo dentro de ellas y reiteran que todo el reglamento relaciona las limitaciones con cuestiones medioambientales.