La lealtad institucional: el caso del algodón

Si tuviéramos que destacar tres sectores agrarios que definan claramente Andalucía no tendríamos más remedio que referirnos al olivar, las hortalizas extratempranas y al algodón. En este último caso, se cultiva en Andalucía más del 95% de todo el algodón español, y forma parte de la economía, cultura y tradición de todo el valle del Guadalquivir, y los riegos del Guadalete y del Barbate en la provincia de Cádiz.

La importancia social y económica de este cultivo, asentado en las zonas más desfavorecidas del territorio de la UE (Andalucía y Grecia) ha sido la causa de que desde Bruselas se mantenga un régimen de ayuda muy especial que permite mantener el cultivo con un nivel alto de subvención que asegura la renta de los agricultores y el desarrollo de una industria desmotadora que transforma el 100% de nuestra producción. Para Andalucía supone la columna vertebral de las alternativas de cultivo de nuestros regadíos extensivos, con una ocupación de cerca de un tercio de la superficie de riego andaluza dedicada a cultivos extensivos. La buena salud de este sector es fundamental para todo el sector agrario andaluz. Desde la Consejería de Agricultura y Pesca así lo entendemos, y por ello hemos mantenido siempre una lealtad y colaboración exquisita con el Ministerio de Agricultura y Pesca, que se ha traducido, hasta la fecha, en unos resultados muy satisfactorios en todo lo relacionado con la defensa del régimen de ayuda en Bruselas.

La reforma del régimen de ayuda al algodón aprobada en mayo del 2.001 puede considerarse como un éxito, fruto de la colaboración entre administraciones y el sector, y de la lealtad a un proceso de negociación y diálogo llevado hasta el final. Se consiguió mantener la ayuda y un nivel de producción para España razonable, en un contexto de animosidad a este cultivo por parte de los trece países comunitarios que no lo siembran. Pero la historia del algodón no acaba con la reforma. Desde Bruselas nos han dado dos claros mensajes si queremos seguir manteniendo las ayudas a este cultivo: debemos limitar las producciones y tomar medidas para seguir mejorando la relación entre la producción y el medio ambiente.

Con estos objetivos, y con el mismo espíritu que ha presidido el proceso de reforma, la Consejería constituyó un grupo de trabajo en el que han estado todas las organizaciones de agricultores e industriales, la propia Consejería y la Dirección General correspondiente del Ministerio de Agricultura. Los trabajos de este grupo dieron como consecuencia un documento de alegaciones al Real Decreto por el que el Ministerio debía regular el régimen del algodón en España, y que fue suscrito el pasado 21 de diciembre de 2.001 por todo el sector, a excepción de una organización, ASAJA, que manifestó, sin embargo, compartir el 90% del documento. Incluso algunas de las organizaciones provinciales de ASAJA han manifestado apoyar este documento, en contra del criterio de la organización ASAJA Sevilla. En estas alegaciones se proponen medidas para limitar el cultivo del algodón utilizando la rotación como práctica agronómica obligatoria, exceptuando de la misma a aquellas explotaciones que por su tamaño o por razones agronómicas no puedan cumplir con este requisito, y proponiendo que la Comunidad Andaluza pudiera tomar medidas de carácter excepcional de limitación en años en los que se prevean problemas de superproducción, como es el caso de la presente campaña.

Sin embargo el Ministro de Agricultura, de forma unilateral, decide sacar de la noche a la mañana una Orden por la que pretende imponer a Andalucía quien debe y quien no debe sembrar algodón. Y lo hace además, con un sistema de rotación que obligará a limitar sus siembras a los cultivadores más pequeños (el 85% de los cultivadores de algodón andaluces siembran menos de 10 hectáreas de algodón) dejando libertad a las grandes explotaciones para sembrar a su antojo. Claramente el ministro se ha puesto del lado, con una decisión personal, de una pequeña minoría del sector, aparte de romper el consenso, el diálogo y la lealtad que habían sido la norma en este sector.

Invoca para esto el Ministro a razones de 'competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica'. Cuando este tema se analiza desde la necesaria lealtad institucional para el funcionamiento armónico del Estado de las Autonomías, la decisión resulta sorprendente. ¿Puede alguien, en su sano juicio, suscribir que una orden ministerial que establece medidas transitorias para la siembra de un cultivo casi 100% andaluz son cuestiones de ordenamiento general de la economía? ¿No parece más bien una invasión premeditada de las competencias de nuestra autonomía, que nada tiene que ver con la defensa de los intereses generales, y sí con la cesión del cultivo a una parte minoritaria y oportunista del sector?

Desde la Consejería de Agricultura tenemos claro que nos corresponde a los andaluces fijar nuestras prioridades y, dentro de nuestras necesidades, establecer algo tan vital para nuestro equilibrio territorial, económico y social como es la distribución de cultivos.

En estos días, en los que desde el partido del Gobierno tanto se ha insistido en la defensa de los intereses generales y en la necesaria lealtad institucional entre las Administraciones para el desarrollo del modelo autonómico que nos hemos dado los españoles, decisiones como ésta del Ministro de Agricultura denotan el divorcio estridente que puede existir entre las palabras y los hechos. Como dice un conocido refrán, obras son amores y no buenas razones.