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Columna
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El retorno

Lo malo de las largas permanencias en el poder es que se termina olvidando para qué se pretendía gobernar. Siempre me ha asombrado que muchos socialistas andaluces, cuando dejan la política, no se dediquen a crear empresas innovadoras -a pesar de lo mucho que predican la necesidad que tenemos de emprendedores-, ni se entreguen a las nuevas tecnologías para echar una mano a la segunda modernización, ni se vayan con el subcomandante Marcos, ni se conviertan en seguidores de la madre Teresa de Calcuta. Simplemente, usan los contactos adquiridos durante su estancia en el poder y se establecen como comisionistas.

Desde el PSOE andaluz se critica el tórrido y peligroso noviazgo entre el PP y el GIL, pero se olvida que relevantes socialistas han tenido y tienen frecuentes contactos con este peculiar partido y su turbio universo de intereses. No me estoy refiriendo a las misteriosas relaciones entre Gaspar Zarrías y Jesús Gil que, sin duda, iban más allá de sus pasiones compartidas por el Atlético de Madrid. Ese es todo un expediente X que algún día terminará resolviéndose. Me refiero a las gestiones que relevantes socialistas vienen haciendo para lograr permisos de construcción en zonas verdes o en espacios destinados a equipamientos sociales, actividad ésta que no parece muy propia de gente que dice ser de izquierdas.

Recientemente, el veterano militante socialista Miguel Ángel Pino defendía frente a la Junta la recalificación de una zona verde en Marbella para construir un edificio de 12 plantas. El solar albergaba el último trozo de pinar que queda en el centro de la ciudad y protegía la intimidad de los jardines del veterano y lujoso hotel Don Pepe. Pino es un político socialista en activo: ha sido hasta hace poco presidente de la Comisión de Control de la Caja San Fernando, a la vez que actuaba como apoderado de Prasa, una de las más voraces y depredadoras constructoras andaluzas.

La pasada primavera se supo también que el hombre del que dependió durante más de una década el Urbanismo de Andalucía, el arquitecto Jaime Montaner, hacía gestiones para que en un solar que estaba destinado a equipamiento cultural se levantara un hotel de gran lujo. Hace cinco años, Montaner fue imputado por la Fiscalía Anticorrupción en un turbio asunto denunciado por Jesús Gil: el pago, en 1986, de varios cheques por un importe total de 85 millones a cambio de la recalificación de un solar del que era propietario el que hoy es alcalde de Marbella. La prescripción impidió conocer a fondo el asunto, pero lo cierto es que los cheques fueron cobrados y los terrenos, recalificados.

En aquel caso fue imputado también el abogado Rafael Salinas, asesor entonces del Ayuntamiento de Marbella. El asunto estaba olvidado. Parecía formar parte del pasado. Pero ahora, no se sabe con qué finalidad, el PSOE echa mano de sus fantasmas. Rafael Salinas ha reaparecido como primer director técnico de la fundación creada para apoyar la candidatura socialista a la alcaldía de Marbella.

Vuelven los clásicos. Sólo queda esperar el retorno de Juan Guerra.

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