El TSJ paraliza las expropiaciones para prolongar Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal
La decisión, que no se ha adoptado por unanimidad, necesitó de tres sesiones de deliberación
El pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano acordó ayer dictar auto de paralización del proceso de expropiaciones previsto en el plan especial de intervención en el barrio de El Cabanyal-Canyamelar. Con este plan urbanístico, el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por la popular Rita Barberá, pretende prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, dividiendo en dos el tradicional barrio de pescadores y eliminando un total de 1.651 viviendas. La paralización definitiva del proceso de expropiaciones queda a expensas del resultado del contencioso-administrativo interpuesto por los vecinos, que se puede dilatar varios años.
La decisión de los 12 magistrados que componen la citada sala del TSJ ha necesitado de tres sesiones de intensas deliberaciones, a pesar de lo cual no ha sido posible conseguir la unanimidad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyó a primera hora de la tarde de ayer, con una decisión favorable a la paralización del proceso de expropiaciones, unas deliberaciones que se iniciaron el miércoles de la semana pasada y continuaron el viernes. El auto que decreta la paralización del proceso de expropiaciones está previsto que se pueda comunicar hoy a las partes implicadas.
La decisión de la sala forma parte de una pieza separada del recurso contencioso-administrativo contrario a la legalidad del plan especial de intervención de El Cabanyal-Canyamelar aprobado por el Ayuntamiento en febrero de 1999. La petición de paralización del proceso de expropiaciones, presentado a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, se basa en el argumento de que el perjuicio sería irreversible aún en el caso de que prospere el recurso contencioso-administrativo y se declare ilegal el plan urbanístico de remodelación de El Cabanyal.
A pesar de que los servicios jurídicos de la Generalitat -las consejerías de Cultura y Obras Públicas han autorizado el plan municipal del Ayuntamiento de Valencia- insistieron en que el momento procesal para pedir la paralización del proceso de expropiaciones no era el adecuado, es evidente que la magnitud del proyecto ha pesado en la decisión de los magistrados. Los abogados de la Generalitat aducían que la petición de paralización debía solicitarse en el momento de la reparcelación o de la adjudicación de las obras.
El plan urbanístico impulsado por Rita Barberá para prolongar la avenida de Blasco Ibañez hasta el mar afecta a un total de 1.651 viviendas de un barrio catalogado como Bien de Interés Cultural por la Generalitat en 1993.
Las dimensiones del proyecto, para el cual la propia Generalitat ya ha previsto dotación presupuestaria, han generado numerosas dificultades al equipo de gobierno municipal, que ha tenido problemas para encontrar un gerente que desde la oficina del plan en el propio barrio de El Cabanyal impulse el proceso de expropiaciones y la compra de los inmuebles afectados.
La oposición vecinal también ha sido un factor determinante hasta ahora en este conflicto. Los vecinos opuestos a lo que consideran la destrucción de su barrio reclaman inversiones municipales que frenen el deterioro de sus calles y se han organizado en la plataforma cívica Salvem El Cabanyal-Canyamelar, que lleva varios años con actuaciones de distinto tipo para defender su posición y que ha logrado el apoyo de urbanistas y arquitectos en sus reivindicaciones patrimoniales como barrio histórico.
Las peticiones vecinales también han recibido un dictamen favorable del Síndic de Greuges, que cuestionó la legalidad del proyecto y que levantó una polvareda política entre el Partido Popular y la adjunta de la Sindicatura de Greuges.
