Contratos de emergencia

Otro problema que se plantea a las universidades es la imposibilidad de contratar profesorado, en tanto no estén reguladas las siete figuras contractuales previstas por la LOU y los mecanismos de contratación, un ámbito en el que tienen competencias los gobiernos central y autonómico y en el que algo tienen que decir los sindicatos. 'Para este curso, las necesidades básicas docentes están cubiertas, pero', subraya Pedro Ruiz, 'se nos plantea el problema de cómo resolver las sustituciones de profesorado'. La solución provisional surgió de la reunión tripartita (rectores, presidentes de consejos sociales y Administración autonómica) celebrada la semana pasada. Está previsto que el próximo pleno del Consell apruebe un decreto que autoriza a las universidades 'a contratar profesores asociados a tiempo parcial, en casos de inaplazable y urgente necesidad y previa comunicación motivada a la Consejería de Cultura y Educación'. Estos contratos excepcionales tendrán una vigencia, como máximo, hasta el 30 de septiembre. La incógnita a despejar es qué pasará el curso próximo.

También está el interrogante de cómo se financiarán las retribuciones adicionales de los funcionarios docentes, los contratos de nuevo cuño previstos por la LOU y los cambios de contrato administrativo (el régimen actual) a contrato laboral. Para la Universidad de Valencia, el incremento presupuestario será muy elevado. 'Tenemos casi la mitad de la plantilla del sistema público universitario valenciano', explica Ruiz Torres, 'además de profesores con mucha antigüedad y méritos acreditados'. Todo ello pesará económicamente en las llamadas 'retribuciones adicionales', donde los méritos más valorados serán los de investigación y docencia. Como referencia sirvan los 2.000 'gallifantes' (coloquialmente, tramos de investigación acreditados por el profesorado) sumados por esta universidad en 1998, frente a los 200 de la Universidad Politécnica.