La fiscalía investiga las denuncias de violencia en centros de menores

La Fiscalía de Menores investiga la denuncia presentada por 330 educadores de 24 residencias para menores sin hogar por los graves problemas de violencia que viven estos centros. Los trabajadores se quejan de que 'las agresiones a educadores y a otros niños son habituales' y lo atribuyen a que la Comunidad no presta la atención adecuada a los chicos que, por sus trastornos mentales o de conducta, son conflictivos.

El fiscal de Menores, Justino Zapatero; la directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), Esperanza García, de la Comunidad, y el Defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, se reúnen hoy para tratar el problema planteado en las denuncias. Fuentes de la fiscalía afirman que, igual que los educadores, llevan tiempo reclamando al IMMF la apertura de centros especializados en menores con graves enfermedades mentales o con lo que, en los manuales de psicología, se conoce como trastornos de conducta (comportamientos de gran agresividad). El fiscal recibirá también en estos días a algunos de los denunciantes.

Los educadores se quejan de que en las residencias 'se junta a grupos de chicos muy diversos que requieren tratamientos educativos diferentes'. En ellas viven 900 menores de 18 años que, por sus problemas familiares (toxicomanías, locura o prisión de los padres, pobreza, malos tratos...), están tutelados por el IMMF, de la Comunidad. 'Hay inmigrantes que llegan a Madrid a buscarse la vida; muchachos con graves problemas mentales o de conducta; discapacitados psíquicos y jóvenes indaptados de clase media. Estos diferentes perfiles de población producen una conducta antisocial, con robos, agresiones, consumo de drogas, abusos sexuales e incumplimiento de las normas de convivencia', añaden.

Hasta marzo de 2001, la Comunidad tenía 36 plazas para menores con trastornos de conducta en tres centros regentados por la Fundación Diagrama. Pero tuvo que cerrarlas por consejo de la fiscalía tras una denuncia de presuntos malos tratos en uno de los centros (el de Guadarrama).

Tanto la fiscalía como el Defensor del Menor critican que tras el cierre de los centros de Diagrama no se hayan abierto otros en condiciones. Pero la directora del IMMF, Esperanza García, se niega a poner en marcha ninguno más 'hasta que tengan una regulación'.

García añade que todas las comunidades autónomas han elaborado un borrador de real decreto 'de intervención con menores con dificultades de conducta en centros de protección'. Dicho borrador, de junio de 2001, y aún sin aprobar, permite el registro, incluso con desnudo integral, de internos de las residencias 'si existe la sospecha fundada de que poseen objetos o sustancias peligrosas'. También autoriza el aislamiento 'por un máximo de 12 horas, con supervisión de un educador y en un espacio diseñado a tal fin' de chavales con crisis de agresividad que pongan en peligro su integridad o la de otras personas así como la 'sujeción del joven sin recurrir a la ayuda de objeto alguno (esposas o cintas)'.

La fiscalía no está de acuerdo en que sea necesario un desarrollo legal de los centros para menores con trastornos de conducta: 'La Ley de Protección de la Infancia de 1996 ya da un marco de actuación muy amplio'. 'Hablamos de un problema educativo, no de una patología, por tanto el tratamiento debe ser educativo. Parece que sólo sabemos solucionar los problemas de agresividad de los chicos reclamando más medidas de contención cuando siempre ha habido buenos educadores con autoridad sobre los chavales que les convencían sin medidas de fuerza', afirma el ministerio público. 'Es necesario abrir más centros de este tipo, pero de gestión pública, no privada, y con profesionales experimentados y proyectos educativos sólidos. Lo que ocurre es que eso sale caro', concluye la fiscalía.