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Tribuna:

Las últimas sonrisas

El desprestigio de la vejez es un indicador elocuente del grado de necedad alcanzado por una sociedad. Ni siquiera los propios viejos permiten que se les llame con este nombre perfecto cuya eufonía en el idioma catalán llega a confundirse con bello y en muchos otros casos es sinónimo de valioso. Proliferan los paliativos más imprecisos y ridículos porque todo vale para fingir alejamiento del tiempo marcado por el desprecio social.

En efecto, como tuve ocasión de comentar en estas páginas (Las nieves del tiempo, 22 de junio de 2001), incluso la Comisión Europea ha venido practicando sistemáticamente hasta este mismo año la discriminación por edad en sus ofertas de trabajo. Y qué decir de los centenares de miles de españoles que, tras haber dejado media vida en una determinada empresa, ven cómo los ponen de patitas en la calle a sabiendas de que no hay vuelta posible al mercado de trabajo y de que el subsidio de desempleo sólo sirve para mal vivir un par de años. Entonces, como remate, ven que el Estado precipita la edad de su jubilación a los 60 años. Interesante medida si no fuera porque se les impone una reducción del 40% sobre la pensión que les correspondería si se les hubiera mantenido dentro del sistema productivo en vez de liquidarlos cuando sus fuerzas aún suelen estar intactas, pero ya les flaquea la capacidad para reinventarse y volver a empezar. En un sistema productivo tan cruel y bajo un Estado cómplice, el desprestigio social de la vejez y la interiorización personal del mismo resultan, pues, inevitables.

La demanda de residencias para viejos va a ir en aumento. ¿Podrían compaginarse con guarderías?

Pero estas circunstancias sólo constituyen los prolegómenos de las cuitas de la vejez. En el último medio siglo se ha duplicado largamente el porcentaje de españoles mayores de 65 años sobre la población total y, además, los que cruzan esta frontera temporal llegan a más viejos. Sin embargo, tan estupendo fenómeno trae consigo una contrapartida: aumenta el número de los que durante un prolongado periodo requieren de ayuda para llevar a cabo imprescindibles actividades cotidianas. En un trabajo espléndido, titulado Vellesa, dependència i atencions de llarga durada (Fundación La Caixa, 2001), David Casado y Guillem López se plantean si los fuertes cambios que se están produciendo en las estructuras familiares permitirán mantener la viabilidad de un modelo de asistencia a estas personas basado en la familia y en la permanencia en el hogar. Esta cuestión es especialmente relevante en el caso español, pues el 94% de nuestros viejos con problemas de dependencia funcional siguen viviendo en sus propias casas o lo hacen en las de sus familiares.

Los países escandinavos, que fueron los primeros en universalizar la asistencia a este colectivo en la década de 1960, lo hicieron por dos motivos: responder a una demanda creciente y propiciar la integración social de la mujer. En efecto, el modelo de asistencia ofrecido por la familia en el hogar se ha basado históricamente en la permanencia de la mujer en casa al contraer matrimonio. Concretamente para esta función, la edad más significativa es la comprendida entre los 40 y los 64 años. En el caso español, la tasa media de ocupación femenina en este periodo de vida no alcanza el 40%. Como, previsiblemente, esta tasa se elevará en 30 puntos en los próximos 25 años, y aunque el hombre comparta mayormente este tipo de tareas, la mayoría de viejos que en aquel momento sufran problemas de dependencia funcional se encontraran solos en casa.

En los últimos meses, he visto en estas páginas al menos dos referencias al asunto aquí tratado: un artículo de Núria Carrera y el programa político de Pasqual Maragall. Ambos coinciden en la voluntad de mantener en casa a los familiares que alcanzan la vejez. Sin duda es lo más deseable, hasta el punto de que, como señalan Casado y López en su libro, incluso en los pocos países donde se ha universalizado este tipo de asistencia,el factor emocional sigue desempeñando un papel capital y, por ello, la familia, allí remunerada, es la opción preferida.

Desgraciadamente, esta opción no siempre es posible, y menos en España, donde la posibilidad de solicitar transferencias en metálico a la Seguridad Social para comprar servicios formales y remunerar a un familiar es una quimera. Por tanto, la progresiva integración profesional de la mujer parece inevitable que obligue a aumentar la demanda de residencias.

Pensando precisamente en las personas que deberán acudir a una residencia para pasar sus últimos días, generalmente las de más edad, más solas y con mayor grado de dependencia, he recordado una experiencia que se lleva a cabo en una ciudad francesa y cuyas imágenes entreví un día en televisión como en un sueño: la creación de una guardería infantil en una residencia de ancianos. La integración de niños y viejos en un mismo espacio, que entraba dentro de la normalidad antes de que nuestra sociedad se empeñara en separarlos cada vez más, ni siempre será posible, ni debe encararse con frivolidad. Cuando se intenta, a veces son muy difíciles de vencer las resistencias de los padres de los niños a esta proximidad. Otras veces, los precarios estados de salud que suelen concurrir en la vejez pueden desaconsejarlo. Pero, aun en estos casos, cabe imaginar múltiples situaciones intermedias que permitan el acercamiento de los muy niños y los muy viejos con resultados benéficos para todos. Además, ante el déficit de estructuras de acogida que presenta este país, el recuerdo de las inconfundibles sonrisas que dibuja el sentido de la vida en la cara de los viejos al cruzarse con los niños en los pasillos de aquella casa compartida, no constituye la frágil sustancia de un cuento de Navidad, sino que puede alumbrar una solución humanamente tan sencilla como prodigiosa a un problema acuciante.

Lluís Boada es economista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de enero de 2002