Apuesta por juicios rápidos

La mejora en las condiciones de rendimiento en materia de investigación penal policial y judicial es uno de los objetivos que todos perseguimos en el momento actual. Por ello, una de las vías a seguir es el trabajo conjunto y coordinado entre la fiscalía, jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Cuando las exigencias de las coyunturas, y ésta lo es, requieren aunar esfuerzos, no hay que escatimar nada para conseguir el fin que pretendemos, que no es otro que el de atajar la inseguridad ciudadana, que a fecha de hoy es la máxima prioridad de los españoles. Por ello, no podemos ser pasivos a la hora de trabajar, sino que hay que ser positivos en la búsqueda de soluciones que repercutan en la mejora de las condiciones de seguridad en los ciudadanos. ¿Qué vías existen para lograrlo?

Una de las posibilidades que se están manejando desde el Ministerio de Justicia, y que compartimos, es la de iniciar una modificación legislativa que permita optimizar la puesta en marcha de los juicios rápidos. Nos encontramos con una posibilidad que fue introducida legislativamente en el año 1992, pero que en la actualidad, a nueve años vista, requiere de ciertas modificaciones para adecuarlo a las necesidades actuales.

¿Por qué debe apostarse por los juicios rápidos para combatir a la delincuencia? Porque la respuesta de la justicia penal debe ser rápida. La situación que se refleja en los medios de comunicación cuando se constata que una persona ha sido detenida ya cuarenta veces y que está en libertad en espera de juicio no es bien recibida por la sociedad. Cierto es que peor sería que estuviera en prisión y no fuera juzgada, porque estaría en contra de todos los principios fundamentales, pero lo cierto es que lo más positivo es un enjuiciamiento rápido por una regulación de los juicios rápidos que tenga una eficacia preventiva. ¿Por qué?

Nada hay que esté más en contra de un Estado de derecho que la lentitud de los tribunales de justicia a la hora de resolver. La justicia tiene que ser ágil, como todos pretendemos, y, de todas maneras, las estadísticas reales reflejan un gran rendimiento que debe ir en aumento cada año, ya que poco a poco se va rebajando la pendencia de asuntos por resolver en muchos tribunales de justicia. Sin embargo, en materia de seguridad ciudadana todavía hay que intensificar la actuación de primera línea por medio de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que optimice la posibilidad de hacer más efectiva la actual regulación de los juicios rápidos. También es preciso que desaparezca la exigencia de que haya diez juzgados en un partido judicial para que se pueda separar la jurisdicción y permitir que en cualquier caso, cuando así lo informe la respectiva sala de gobierno y acuerde el CGPJ, un partido judicial pueda separar su jurisdicción para que determinados juzgados conozcan tan sólo de asuntos penales o civiles. La vía de la especialización resulta muy positiva, y cuando se trata de hacer frente a la delincuencia hay que facilitar la actividad de los órganos judiciales quitando todas las trabas legales que impidan su actitud eficaz.

En otro orden de cosas, también resulta muy positivo que desaparezcan de la Ley Orgánica del Poder Judicial las limitaciones legales para hacer guardia 24 horas. Una de las medidas más contundentes es la de la actuación en jornada permanente de 24 horas para que policía y juzgado de guardia sean eficaces.

La vía más positiva pasa por la articulación de protocolos de actuación coordinada en el que cada uno de los profesionales sepa lo que debe hacer para hacer efectivos los juicios rápidos y, sobre todo, para que no existan fallos en la aplicación y puesta en marcha.El incremento de la delincuencia y la preocupación de los ciudadanos que elevan a la primera categoría en sus exigencias la mejora en la lucha contra ésta requieren de la buena voluntad de todos nosotros para que la ciudadanía vea recompensados sus esfuerzos impositivos. Y conste que no es todo cuestión de medios materiales y humanos, sino que, a veces, lo que se requiere es también voluntad y ganas de hacer las cosas. Cierto es que los medios siempre son necesarios, pero también lo es que no podemos eternizar el canto de que no se pueden hacer las cosas porque no hay medios. La lucha contra la delincuencia es cuestión de medios y de las reformas legislativas que se van a presentar, pero también es cuestión de autoexigencia, imaginación, buenas iniciativas y voluntad de darle a la ciudadanía las prestaciones que exige por los impuestos que paga. Nuestra empresa es la justicia y nuestros clientes los ciudadanos. Ellos nos pagan y ellos nos exigen. Démosles seguridad ciudadana y una justicia ágil.

Vicente Magro Servet es magistrado. Miembro de la Ejecutiva de la Asociación Profesional de la Magistratura.