Herméticamente abierto

Poco a poco vamos conociendo más cosas sobre los trabajos preparatorios del XIV Congreso que el PP celebrará el próximo mes de enero, y lo que vamos conociendo no anima precisamente a la alegría. Primero fue lo del patriotismo constitucional y su pretensión de utilizarlo como arma ideológica contra los nacionalismos, especialmente contra el nacionalismo vasco. Así nos lo contaban Pere Rusiñol y Javier Casqueiro el pasado 4 de diciembre en las páginas de este diario: en la peculiar intelección que de ese concepto hace el PP, el patriotismo constitucional no va a ser mucho más que una etiqueta alternativa a la hora de enfrentar la conflictiva marca España con las posiciones nacionalistas vascas. Con otras palabras: cuando desde el PP se diga 'patriotismo constitucional', léase sin más 'España'. Burda pretensión que, aunque se vista con los finos ropajes del pensamiento de Habermas, en burda pretensión se queda.

Ahora empezamos a saber de las pretensiones de ese mismo partido en lo que se refiere al futuro del Estado de las autonomías. Lo pudimos leer en EL PAÍS el domingo: 'El PP elabora un proyecto para el cierre definitivo del proceso autonómico'. Así, con todas las letras. En realidad, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, ya advirtió en julio del pasado año que el Gobierno presidido por José María Aznar deseaba culminar en esta legislatura el desarrollo del Estado de las autonomías. En contra de lo que su apellido llevaría a pensar, el ministro Posada se esforzaba ya hace un año en justificar que el actual modelo de descentralización territorial, lejos de ser un espacio en el que habitar temporalmente (aun cuando pueda serlo por un tiempo muy prolongado), tenía vocación de tierra prometida, destinada a poner fin a la histórica travesía del desierto plurinacional. Ahora son el secretario de Estado de Administración Territorial, Gabriel Elorriaga, y la ministra de Educación, Pilar del Castillo, quienes han recibido la encomienda de elaborar una ponencia sobre la definitiva articulación territorial del Estado.

Con el mismo brío de un Fukuyama decretando ufanamente el fin de la Historia, la ministra del Castillo, esta vez sí haciendo honor a su apellido, pretende levantar para siempre el portón de España diciendo a las comunidades autónomas, en particular a las que tienen su origen en nacionalidades históricas, hasta aquí hemos llegado. De esta manera quedarían fuera de la ortodoxia constitucionalista no ya las propuestas del nacionalismo vasco, sino incluso la aún balbuceante apuesta socialista por un modelo federal de Estado, considerada por los populares como poco menos que un insidioso caballo de Troya soberanista que sólo busca la rendición y conquista del castillo español. Pero la pretensión de cerrar la historia es algo que la misma historia se encarga de ridiculizar más temprano que tarde. Y más si se pretende un cierre por decreto, un cierre unilateral, en cuestiones que sólo pueden sustentarse en el pacto y el acuerdo.

Otra cosa es que nos interroguemos sobre la conveniencia, sobre la posibilidad incluso, de que un orden institucional pueda estar permanentemente abierto. Es una pregunta importante. Pero no deberíamos confundir apertura con cuestionamiento. Existen órdenes políticos que se quieren totalmente cerrados e inamovibles y que, por eso mismo, son castigados con la desafección pasiva o activa: es el caso de los regímenes totalitarios. Por el contrario, los órdenes políticos democráticos, por definición abiertos al cambio, pueden disfrutar de la más firme adhesión ciudadana. Así pues, menos cierres por decreto y más apertura al diálogo.

Ahora bien, no ayuda en nada a ello un nacionalismo extraviado en las fenomenologías del ser, que por mantener el futuro tan indefinidamente abierto puede acabar cediendo ante quienes, desde sus propias filas, tienen absolutamente claro que el futuro de los vascos está escrito en su pasado y que para conquistarlo deben clausurar nuestro presente con violencia.