Vecinos de La Mina piden medidas para aumentar la seguridad en el barrio
Veinte entidades exigen los cambios prometidos
La reforma urbanística de La Mina empezará a dar sus primeros frutos a principios del año próximo, cuando está previsto que salgan a concurso las primeras obras. Pero si la vertiente urbanística empieza a estar encarrilada, no ocurre lo mismo con la convivencia: los niveles de delincuencia siguen altos, con la inseguridad que representa para los ciudadanos. La plataforma de entidades y vecinos de La Mina reclama más policía, mejor coordinada con la Guardia Urbana y menos 'compadreo policial' con los delincuentes.
La plataforma que aglutina a una veintena de asociaciones vecinales y cívicas ha solicitado entrevistarse urgentemente con la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, para transimitirle sus quejas. Para que el plan en marcha sea creíble las entidades de La Mina consideran que debería empezar a notarse en la vida cotidiana. Son conscientes de que atajar las conductas delictivas no es tarea de un día pero adiverten de que los cambios que se avecinan no pueden limitarse a abrir una rambla que conecte el barrio con el Fòrum 2004. Hay que detenerse en los aspectos sociales que convierten a este pedazo del territorio en un lugar donde acampa la desesperanza.
El Ayuntamiento de Sant Adrià aprobará en los próximos días el plan de reforma de La Mina a cuya tramitación se le quiere dar carácter de urgencia.
Los barrios situados en la ribera derecha del Besòs siguen con interés los proyectos vinculados al Fòrum 2004 porque consideran que de alguna forma puede beneficiarles. El técnico de la plataforma de entidades, Gerardo Tirodni, opina que el plan de transformación cojea por la inseguridad ciudadana. Nueve meses después de la puesta en marcha del plan y un año después de que naciera el Consorcio de la Mina no notan ninguna mejoría en materia de seguridad.
No faltan ejemplos de cómo la delincuencia afecta a la convivencia: si en una portería los traficantes venden droga, rápidamente se rompen las bombillas, se fuerzan las cerraduras de la escalera y se enrarece el clima de la comunidad de vecinos.
Las familias que aspiran a llevar una vida normal sólo tienen dos alternativas: o se marchan o se encierran en su piso a cal y canto evitando los espacios comunes y todo lo que les recuerde al medio hostil donde viven. La calle se convierte en el escenario donde se mueven quienes adoptan actitudes menos ejemplares. El destrozo del mobiliario urbano unido a la suciedad de las calles es otra prueba del aumento de los comportamientos incívicos. Muchas tardes grupos de chavales prenden hogueras en las esquinas sin que las fuerzas policiales que patrullan por la zona se lo impidan.
La plataforma critica la condescendencia que algunos agentes muestran con los delincuentes. La presencia policial no basta para que los traficantes se vayan a otra parte. Hace algunos años existía en La Mina un cuartelillo de la Guardia Civil que se cerró. Hoy la Guardia Urbana y el Cuerpo Nacional de Policía comparten un local que sólo permanece abierto a determinadas horas.
Desde el consorcio se muestran más optimistas que los miembros de la plataforma pese a que admiten que resulta muy complejo obtener resultados en una realidad socioeconómica como la de La Mina. Hay unanimidad al considerar que no es fácil invertir la tendencia de un barrio en el que la economía sumergida funciona a tope y donde un amplio sector vive de la venta ambulante. Las cifras de paro se estiman en un 14% y, según el consorcio, un 20% de la población se traslada periódicamente a otros puntos de Cataluña o del resto de España aunque, como suele ocurrir a esta orilla de Sant Adrià, ciertos datos como el referente a las 10.000 personas censadas deben manejarse con cautela porque no siempre se ajustan a la realidad.
El Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona mandó construir La Mina en la década de 1970. El barrio consta de 20 macroedificios con 2.798 viviendas repartidas en 240 comunidades de vecinos. Pero la necesidad de intervenir se debe más a la degradación social que a las deficiencias que presentan unos inmuebles que, a diferencia de otros polígonos, no tienen problemas estructurales serios.
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