Las dos orillas
LA CONVERSACIÓN sobre el futuro de Gibraltar mantenida el pasado 20 de noviembre en Barcelona por los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y de España ha sido objeto de interpretaciones diversas. El Gobierno español lanzó las campanas al vuelo para anunciar el irreversible desbloqueo de las negociaciones hispano-británicas y su feliz desenlace el próximo verano. La versión del ministro Straw deslizó, sin embargo, algunos interrogantes sobre el procedimiento y el calendario acordados para armar el complicado rompecabezas de la soberanía del Peñón. Finalmente, las autoridades de Gibraltar mostraron irritación y recelo ante unas conversaciones celebradas a sus espaldas y continuaron defendiendo el derecho de los residentes en la colonia -en torno a 30.000- a ser consultados de manera vinculante respecto a cualquier decisión que modifique su actual status.
Un acuerdo de España y el Reino Unido sobre Gibraltar que asegurase un largo periodo de soberanía compartida y garantizara los derechos de los habitantes del Peñón podría repercutir en Ceuta y Melilla
La reivindicación del Peñón (un enclave de seis kilómetros cuadrados cuya ocupación por Inglaterra en 1704 durante la guerra de Sucesión quedó revalidada en el Tratado de Utrecht) ha sido un obsesivo monotema de la diplomacia española y un certificado de verdadero patriotismo para cualquier Gobierno; en la noche de su arrolladora victoria electoral de 1982, Felipe González reafirmó su 'indeclinable aspiración de reintegrar Gibraltar a la soberanía española'. Durante más de dos siglos, esa pasión irredentista dispuso de una indiscutible fundamentación geoestratégica: el Peñón era la llave del Mediterráneo. La cancelación de la Operación Félix, planeada por Hitler para conquistar Gibraltar en abril de 1941, tuvo como única causa la necesidad de preparar la invasión nazi de la Unión Soviética.
Pero tanto la evolución de la tecnología militar como los profundos cambios políticos producidos en el mundo han enterrado la dimensión estratégica de la soberanía sobre el Peñón. Las condiciones para la solución de ese pleito histórico no guardan relación alguna con el pronóstico de Franco -aliado de la Alemania nazi y la Italia fascista- sobre la caída de Gibraltar como fruta madura: el Reino Unido y España son ahora miembros de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica (que dispone en el Peñón de una base militar). Dado que el artículo 10 del Tratado de Utrecht, firmado en 1713 por las coronas británica y española, imposibilita la autodeterminación de la colonia como micro-Estado, el único obstáculo a un entendimiento razonable entre España y el Reino Unido es la resistencia de los gibraltareños a perder bruscamente y sin compensaciones las ventajas fiscales y la ciudadanía británica.
La consecución de ese acuerdo, basado necesariamente en el principio democrático de que los derechos de las personas que ocupan un territorio reclamado por el irredentismo son prevalentes, podría reavivar la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla, las antiguas plazas de soberanía transformadas en ciudades autónomas por una disposición transitoria de la Constitución de 1978. Ni que decir tiene que el consentimiento de los habitantes de ambos municipios sería indispensable para la negociación de alguna fórmula de soberanía compartida a largo plazo inspirada por el eventual acuerdo sobre Gibraltar. A diferencia de los nexos amistosos de España con el Reino Unido como Estados democráticos de derecho, socios en la OTAN y miembros de la Unión Europea, las relaciones con Marruecos han quedado averiadas por las imprevisiones, torpezas y amenazas del presidente Aznar y del ministro Piqué, que han irrumpido como elefante en cacharrería en los delicados ámbitos de la emigración clandestina y el futuro del Sáhara. Si llegase el momento -seguramente lejano- de iniciar los primeros tanteos de negociaciones con un Marruecos plenamente democrático y comprometido con la protección de los derechos humanos, sería deseable que la diplomacia española del futuro no tomase como ejemplo retrospectivo la errática acción exterior del actual Gobierno con el vecino de la otra orilla.
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