Educación tendrá derecho a reservar todo el curso plazas para inmigrantes

Los colegios privados concertados tendrán que reservar el curso próximo 6.018 plazas para inmigrantes, gitanos e hijos de familias marginales. Y la Administración podrá mantener esta reserva durante todo el año para disponer de vacantes en las que matricular a los escolares que llegan cuando el curso ya está mediado. Así lo establece el borrador de decreto que regulará el proceso de admisión de alumnos en la región y que, según explicó ayer el consejero de Educación, Carlos Mayor Oreja, fija un cupo de tres vacantes por clase para el primer curso de infantil (un total de 1.189 en toda la región para niños de tres años), tres para primaria (2.031 para chavales de seis años) y cuatro para primero de educación secundaria (2.798 para los escolares de 12 años).

La consejería reguló la reserva de plazas para escolares con necesidades educativas especiales por primera vez, y con carácter experimental, en el curso 1999-2000. Pero establecía que la reserva (igual en número salvo en primero de secundaria, donde era de cinco) caducaría en junio, al finalizar el plazo ordinario de matriculación. El objetivo de la reserva es que los centros concertados (de titularidad privada pero sufragados con dinero público) se hagan cargo también de este alumnado. Y es que los desequilibrios entre las dos redes son patentes: este curso hay 50.089 inmigrantes en los centros sostenidos con fondos públicos, de los que 38.133 (el 76,1%) estudian en colegios e institutos públicos, mientras que los privados subvencionados acogen a 11.956 inmigrantes (23,9%), a pesar de que a ellos asiste el 40% de los escolares que van gratis a clase.

El borrador de decreto no ha gustado en la comunidad educativa. Oposición, sindicatos y padres consideran que sigue permitiendo a los centros concertados cribar a su alumnado, y exigen a Educación que mantenga obligatoriamente y con carácter general (no simplemente facultativo) la reserva de plazas durante todo el curso en los centros concertados para evitar que un inmigrante que llegue a mitad de curso sea derivado a un colegio público. Por contra, la asociación mayoritaria de centros concertados, la Federación de Religiosos de la Enseñanza, teme que Educación mantenga la reserva de plazas durante todo el curso y que luego no las ocupen inmigrantes, con lo que quedarían vacías

Adolfo Navarro, portavoz socialista de Educación, denuncia que el Gobierno regional 'no ha consultado con los sectores educativos la primera normativa propia de admisión de alumnos de la región'. En su opinión, el futuro decreto permitirá que 'algunos centros concertados sigan escogiendo a los alumnos'; además, aseguró, la norma mantiene los aspectos 'más criticados' del decreto estatal que regulaba el proceso de escolarización. Franco González, su homólogo de IU, remachó: 'Lejos de acabar con los vicios del anterior decreto, el que ha preparado el Gobierno regional los empeora'.

La Junta de Personal Docente no Universitario (donde están representados los sindicatos CC OO, UGT, ANPE, CSIF y STEM) acordó ayer exigir a Educación que mantenga la reserva de plaza para los alumnos de compensatoria -inmigrantes, gitanos y desfavorecidos- durante todo el curso y que establezca el cupo en cada colegio según el número de inmigrantes que residan en su zona. En opinión de los sindicatos, deben ser las comisiones de escolarización (donde están representados los ayuntamientos, la Administración, las asociaciones de padres y los sindicatos) las que centralicen el proceso de admisión de alumnos. Ahora son los centros los que bareman las solicitudes y sólo remiten a las comisiones a los alumnos para los que no tienen plaza.

La Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos también se sumó a estas críticas. Su presidenta, Catalina Llorente, aseguró que la nueva normativa 'deja en segundo plano a la escuela pública', al contemplar que la reserva de plaza pueda caducar. 'El futuro decreto pone por escrito lo que se viene haciendo hasta ahora y que no nos gusta nada: los centros concertados van a poder ampliar el número de alumnos por aula'. Además, 'no garantiza' que los inmigrantes se vayan a distribuir mejor.

Pero a los centros concertados tampoco les ha gustado el borrador. 'La caducidad de la reserva de plaza queda desdibujada', afirma Emilio Díaz, secretario técnico de la Federación de Religiosos de la Enseñanza (Fere), quien se teme que, en la práctica, Educación mantenga la reserva de plazas con carácter general en los centros y que luego éstas se queden vacías. Además, dice, la normativa 'merma el derecho de los inmigrantes a elegir centro', ya que los que lleguen a mitad de curso serán remitidos a las comisiones de escolarización.

Por otra parte, el consejero de Educación, Carlos Mayor Oreja, admitió que el plan de apertura de centros durante fines de semana y vacaciones 'difícilmente' podrá ponerse en marcha las próximas navidades, ya que los ayuntamientos deben presentar antes sus planes de actividades extraescolares. Según Mayor, la consejería ya ha finalizado la normativa que regulará este proyecto; cada centro que abra en periodo no lectivo recibirá seis millones de pesetas (financiados al 50% por Comunidad y ayuntamientos).