Viera asegura que las afirmaciones del informe policial del 'caso FARA' son 'falsas' y estudia querellarse

El consejero de Empleo y Desarollo, José Antonio Viera, aseguró ayer que el informe sobre el caso FARA que recoge sus conversaciones con los agentes de policía que le pidieron en julio documentación sobre las subvenciones otorgadas a la directiva de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) es una 'interpretación de una conversación informal' que incluye 'afirmaciones falsas'. FARA está siendo investigada por un supuesto desvío de 300 millones de recursos públicos a cuentas particulares.

El informe de la Brigada de Delicuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía de Málaga, conocido el pasado miércoles, mantiene que Viera tildó de 'narcotraficantes' a los dirigentes de la FARA y que dijo que conocía que habían llegado al poder en la federación gitana tras 'un golpe de mano'.

Viera confirmó ayer a éste periódico que la policía se dirigió en julio a su Consejería con un mandato judicial en el que reclamaba su colaboración para facilitar la documentación administrativa generada por las ayudas concedidas a la FARA desde 1998. Pero negó haber dicho a los agentes de policía que los directivos de la federación gitana fueran narcotraficantes ni tener 'conciencia alguna sobre otro tipo de irregularidades'.

Por ahora, siguen detenidos el presidente de FARA, Vicente Rodríguez, y dos directivos más, relacionados por la policía con el clan de Los Charros. Además de 14 personas relacionadas con la directiva de la organización, han declarado ante el juez un funcionario de Asuntos Sociales, otro del Ministerio de Trabajo, dos directivos del Banco Popular y un empleado de Renfe.

La Consejería de Empleo anunció hace dos semanas, apenas un día después del inicio de la operación policial, que se personaría en el caso para informarse de si se había dado algún uso irregular a las ayudas concedidas por su departamento.

Ayer, Viera anticipó que esa personación les permitirá conocer si las afirmaciones recogidas en el informe policial se emplean en la investigación. De ser así, el consejero anunció que presentará una querella personal para reclamar responsabilidades a la policía por incluir la 'interpretación de una conversación informal' en el informe.

Respuesta de Saldaña

El informe policial también recoge la supuesta conversación que mantuvieron los agentes con el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. El informe asegura que Saldaña dijo a los agentes que esperaba su visita 'porque es increíble que una institución democrática esté sometida a las presiones de un grupo de narcotraficantes'. Los inspectores relatan que el consejero estaba 'visiblemente nervioso' y 'fumaba convulsivamente'. La Consejería de Asuntos Sociales difundió ayer un comunicado en el que se sostiene que 'el consejero en ningún momento señaló a los agentes de policía que los directivos de la FARA estuvieran presuntamente relacionados con el tráfico de drogas o delitos conexos. Fue en el documento que mostraron los agentes de la policía donde se citan los presuntos delitos sometidos a investigación judicial'. El comunicado, al igual que otro similar enviado por Empleo, finaliza con que 'las informaciones que pretenden señalar que el consejero vinculó a los directivos de la FARA con actividades ilícitas son, pues, rotundamente falsas'.

Ambas Consejerías señalan además que, 'desde que se tuvo conocimiento de la investigación judicial, no se ha concedido ninguna subvención a dicha Federación'. En el informe policial se asegura que parte de las ayudas públicas concedidas entre 1998 y 2001 se destinaron a celebraciones familiares, compra-venta de coches e inversiones en bonos del Estado.

Además de no conceder ninguna ayuda más a FARA desde que tuvo conocimiento de la investigación judicial, en julio de este año, la Consejería de Empleo también congeló en 1999 una pequeña parte de las subvenciones que concedía a la federación gitana, tras la llegada al poder de la nueva directiva. Las subvenciones paralizadas, destinadas a cursos de formación, dependían de la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional, que en años anteriores y posteriores rondaron los 18 millones de pesetas en cada ejercicio.

Sin embargo, Empleo mantuvo en 1999 las ayudas que representaban la mayor partida que su departamento concedía a la FARA, destinadas a la contratación de monitores para la escolarización de niños gitanos. Durante ese ejercicio se otorgaron 120,2 millones de pesetas para la contratación de 88 personas dentro de las subvenciones que concedía la Dirección General de Empleo e Inserción.

El ex consejero de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, confirmó ayer que se frenaron algunas ayudas por la forma en que los nuevos dirigentes se habían hecho con el timón de la federación y que esas subvenciones se reactivaron en 2000, cuando el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, le informó de que la inspección realizada por el Ministerio de Trabajo no había detectado irregularidades.

Las ayudas congeladas, unos 18 millones en 1999, corresponden al programa de formación profesional ocupacional, que sí se concedieron en 1998 y en 2000, aunque en este año sólo se pagaron los 6,8 millones que la federación gitana consiguió documentar. Empleo sí pagó estos tres años más de 350 millones para sufragar los contratos de unos 80 monitores del programa contra el absentismo escolar en la comunidad gitana, distribuidos en ayudas anuales de 130,5 millones (año 1998), 120,2 (año 1999) y 118,57 (año 2000). De este último ejercicio se paralizó la entrega de 29,6 millones de pesetas porque la FARA no justificó el destino del dinero.

Este programa, gestionado por Asuntos Sociales y Educación y subvencionado fundamentalmente por Empleo, daba más garantías a los técnicos de la Consejería ya que para cobrar las subvenciones, la FARA debía documentar contratos, nóminas y pagos a la Seguridad Social. Por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales concedió 79 millones de pesetas desde 1998 al 2001 a la entidad, aunque se negó a firmar convenios en 1999 tras la llegada al poder de la directiva ahora desmantelada de forma antidemocrática y sólo le concedió una pequeña ayuda para el mantenimiento de la sede de unos seis millones de pesetas.