El TSJA ratifica la suspensión de las obras del edificio de El Morlaco, autorizadas por el PP

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la suspensión de las obras del edificio de lujo de El Morlaco, un inmueble enclavado en una zona privilegiada de Málaga y envuelto en una larga polémica por exceso de edificación. En el auto, la sala de lo Contencioso-Administrativo exige 50 millones de pesetas de fianza al autor del recurso. La medida se adopta mientras se resuelve el fondo de la cuestión, la impugnación de un acuerdo del gobierno del PP que revocaba una decisión de la anterior corporación que obligaba al propietario a derribar una planta.

La polémica en torno a este edificio la intentó zanjar el gobierno del PP nada más renovar su mandato en Málaga con mayoría absoluta. En junio de 2000, el alcalde Francisco de la Torre, llevó a pleno una propuesta para revocar un acuerdo plenario de la anterior corporación, donde los populares no tenían mayoría absoluta, en el que PSOE e IU lograron sacar adelante una propuesta instando a la demolición de la última planta del inmueble Mirador del Cerrado, al entender que se había excedido en 2,25 metros la edificabilidad.

Este nuevo acuerdo fue recurrido por el dueño de unos terrenos colindantes que mantiene varios litigios con la promotora de este edificio, la Sociedad Colombina de Promociones Inmobiliarias, por la presunta invasión de terrenos de su propiedad. Luis España exigió en su petición la paralización inmediata de las obras, al entender que continuar los trabajos haría de 'imposible cumplimiento' una sentencia a su favor, al afectar a personas que hubieran adquirido los inmuebles en la última planta del edificio y que serían realmente los perjudicados.

El TSJA decretó la suspensión cautelar y ahora la ratifica, pero exige a España una fianza de 50 millones de pesetas. Una cantidad que tendrá que avalar en los próximos días para que la medida sea efectiva. Algo que está dispuesto a hacer el recurrente, según indicó el despacho de abogados que le asesora. Estas mismas fuentes señalaron que la resolución del recurso podría demorarse hasta cuatro años, que es el periodo que, como término medio, tarda en resolver una sentencia la sala de lo Contencioso-Administrativo. En el proceso, la sociedad propietaria del edificio llegó a exigir una fianza de 731 millones de pesetas al recurrente, fruto del 'grave perjuicio económico' que esta medida podría provocarle. Una cifra que el auto no ha considerado 'justificada'.

Este inmueble, enclavado en el monte de El Morlaco, arrastra un largo proceso judicial y de sanciones administrativas. Las irregularidades en su construcción motivaron incluso una comisión de investigación municipal en la anterior legislatura, que se saldó con una propuesta de la oposición para derribar una de las plantas del inmueble.

El PP siempre defendió que había que buscar una salida a los compradores de los pisos, que llegaron a constituirse en una asociación para defender sus derechos. De la Torre intentó zanjar el asunto con una sanción a la promotora de unos 30 millones de pesetas, que es la estimación que realizaron los técnicos municipales del beneficio teórico obtenido por la empresa constructora por el exceso de volumen.