La Comunidad denuncia 'lentitud' en la aplicación de la Ley del Menor

La Comunidad cree que la Ley Penal del Menor, que entró en vigor el 13 de enero pasado y elevó la edad mínima de ingreso en prisión de los 16 a los 18 años, 'se está aplicando [por parte de jueces y fiscales] más lentamente de lo necesario'. Así lo denunció ayer Esperanza García, directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), en su comparecencia en la Comisión de Servicios Sociales de la Asamblea regional, informa Efe.

El IMMF es el encargado en Madrid de hacer cumplir las medidas impuestas por los jueces a los menores que delinquen. Dispone de 92 plazas en reformatorios y ha firmado convenios con asociaciones de trabajo social.

García subrayó que los jueces y fiscales de menores sólo han dictado, desde enero pasado, 1.502 sanciones, 'frente a las 4.500 o 5.000 previstas'. El IMMF calculó que si el año pasado -cuando a los jueces de menores sólo acudían los chavales de hasta 16 años- se dictaron 2.500 medidas, en 2001, al ampliarse las causas a los chicos de entre 16 y 18 años, 'habría, por lógica, más sanciones, pero no ha sido así', admitió García.

'Yo no achaco la responsabilidad a nadie, ni creo que haya habido una falta de planificación, ya que es una legislación nueva y todas las instituciones necesitamos tiempo para consolidar los equipos y para el rodaje del trabajo', advirtió.

La directora del IMMF añadió que 'el tiempo medio que un chico está en medida cautelar [en libertad vigilada o internado en un reformatorio mientras espera ser juzgado] es de cinco meses y medio, cuando la ley establece un máximo de tres meses, prorrogable a otros tres'. 'Eso significa', concluyó, 'que se está rozando el tope y que se necesita una respuesta más inmediata'.

La diputada socialista Elena Vázquez responsabilizó de los retrasos al Ministerio de Justicia: 'Este grave problema se debe a la irresponsabilidad sin límites del Gobierno central, por poner en vigor una ley de estas características sin el dinero necesario', dijo.

Más ingresos cautelares

De las 1.502 medidas dictadas desde principios de año, 410 son extrajudiciales (mediaciones entre el menor y su víctima, reparaciones del daño causado, libertades vigiladas...), frente a las 1.104 de 2000. Por el contrario, han aumentado los ingresos cautelares (pendientes de juicio) en reformatorios: hasta noviembre hubo 112 en centros cerrados, frente a los 33 de todo 2000. En régimen semiabierto (con permiso para salir a algunas actividades) hubo 25, mientras que el año anterior no se registró ninguno.

La víspera de la entrada en vigor de la ley, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, advirtió de que necesitaba más medios para afrontar la avalancha de asuntos que iba a generar la nueva norma. Antes de enero, en Madrid sólo había cinco fiscales de menores. Fernández Bermejo reclamó al Ministerio de Justicia 12 fiscales más, pero éste sólo habilitó siete.