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Una asociación critica en el Congreso la atención de los servicios sociales a menores

Las familias 'no son apoyadas sino fiscalizadas'

La Coordinadora de Barrios, que apoya desde hace años a chavales de ambientes deprimidos, inició ayer una campaña de denuncias ante el Congreso de los Diputados sobre la política que se sigue, sobre todo en Madrid, en la atención de menores desfavorecidos. Responsables de la asociación entregaron en el Parlamento un informe con actuaciones de los servicios sociales, que, según su criterio, 'fiscalizan a las familias pobres en vez de ayudarlas'. En días próximos aportarán más quejas sobre residencias de chicos desamparados y reformatorios.

Según la coordinadora -integrada, entre otros, por el sacerdote Enrique de Castro y la asociación Apoyo, que trabaja con chavales en Moratalaz-, 'los servicios sociales no atienden la precariedad de las familias, sino que, a través de ellas, entran en la intimidad de los hogares. Además, afean conductas paternas y exigen a las familias soluciones que les son imposibles, bajo la amenaza de quitarles la tutela de sus hijos'.

Uno de los ejemplos que relatan es el de Juan y Elena, una pareja gitana. 'El padre llegó a la maternidad donde estaba su mujer y la encontró en plena crisis de llanto porque la trabajadora social del hospital le había dicho que preparara a la niña para llevarla a un internado. Cuando pidieron explicaciones, les respondieron que, como no acreditaban ingresos económicos mediante nómina, esa niña podía estar mal atendida, pero no les ofrecieron ayuda. El padre señaló que trabajaba en la venta ambulante, pero de nada sivieron sus argumentos. Sólo por las bravas pudieron llevarse a su hija', relata el informe.

También denuncian que el servicio de orientación de un instituto de secundaria de Moratalaz ha enviado a Apoyo y a otra asociación del barrio una lista de alumnos de 1º de la ESO que son objeto de atención de la trabajadora social del centro (con nombres y apellidos suyos y de sus padres, dirección y teléfono). Según la coordinadora, 'esto vulnera el derecho a la intimidad de los niños y sus familias'. Responsables del equipo de orientación del instituto replican que la relación se envió a las dos asociaciones y a los servicios sociales 'para coordinarse con ellos en el caso de que estuviesen atendiendo ya a estos chavales'. 'Dimos datos para evitar confusiones, porque algunos chicos se apellidan igual. No entendemos que denuncien esto al Congreso sin decirnos antes que les parecía mal', concluyen.

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