'Esperamos que la justicia cierre la campaña de desprestigio contra la policía'

La decisión judicial provocó ayer reacciones diversas. Un portavoz de la Delegación del Gobierno aseguró que esperaba que 'judicialmente se pueda cerrar la campaña de desprestigio de la policía que impulsan algunos colectivos'. Del mismo modo, afirmó que 'cuestionar sistemáticamente a la policía hace más fuertes a los grupos violentos' y que eso es negativo para Barcelona y para Cataluña. La Delegación del Gobierno aseguró también que confiaba en que se impusiera la sensatez y que la atención pública se centre en los grupos violentos, no en la policía.

Por su parte, los colectivos antiglobalización aseguraron que la decisión judicial les llenaba de satisfacción y reclamaron la dimisión de García-Valdecasas mientras dure la instrucción de la causa. 'La querella nunca fue un acto de frivolidad, sino un acto de responsabilidad ciudadana para que sean respetados los derechos de la sociedad', afirmó Gabriela Serra, de la Federación Catalana de ONG. Serra añadió que la decisión judicial debería hacer reflexionar al alcalde de Barcelona, Joan Clos, y al consejero de Interior, Xavier Pomés, quienes en su día defendieron la actuación de la policía.

El diputado de ERC Joan Ridao aseguró que la decisión judicial era una 'excelente noticia' y reclamó que se eviten tácticas dilatorias en el proceso. Igualmente, el vicepresidente de IC-V, Jaume Bosch, aseguró que se había demostrado que la querella 'no era una salida de tono'. Joan Ferran, primer secretario del PSC de Barcelona, reclamó 'que la Delegada del Gobierno no se escude en la policía, porque los agentes actúan bajo una determinada orientación política. La responsabilidad la tiene quien manda y no quien la ejecuta'.

Por el contrario, el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alberto Fernández Díaz, expresó ayer su total apoyo a García-Valdecasas.