Los socialistas pedirán amparo al Constitucional si el PP impide controlar la gestión del Consell

El Grupo Socialista-Progressistes de las Cortes Valencianas estudiará el próximo lunes la posibilidad de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) ante la negativa del PP, que detenta la mayoría absoluta en la Cámara, a tramitar iniciativas parlamentarias de control al Consell. El detonante de esta postura fue el rechazo, el pasado martes en la Junta de Portavoces, de un recurso presentado por una diputada tras ver rechazadas varias preguntas sobre las empresas que concurrieron a un concurso. El PP adujo que esas empresas no tienen 'trascendencia pública'.

El rechazo por parte del PP de un recurso de reposición presentado por la diputada socialista María Antonia Armengol motivó una ácida discusión en la Junta de Portavoces del martes. La diputada protestaba por el rechazo a la tramitación de varias preguntas relativas a la concesión, mediante concurso administrativo, a la empresa Colortex, SA, del derecho de superficie para la construcción y explotación del parque Terra Natura, cerca de Terra Mítica. La diputada pretendía conocer, entre otras cuestiones, qué experiencia presentaba como mérito la citada empresa textil para aspirar a la adjudicación y preguntaba también qué otras firmas concurrieron.

El PP apeló al artículo 147 del Reglamento de las Cortes para justificar su rechazo a la tramitación de las preguntas. El citado artículo establece que la Mesa de la Cámara no admitirá aquellas preguntas parlamentarias 'que sean de exclusivo interés personal por parte de quien las formula o aquellas que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública'.

El portavoz adjunto socialista Andrés Perelló cuestionó que la concesión a una empresa privada de una obra mediante un concurso público, publicado en los diarios oficiales, no fuera considerado relevante o un asunto público. 'Cuando la actividad de una empresa privada pasa, mediante un acto administrativo, por concurso público anunciado en el diario oficial, esa actividad pasa a tener trascendencia pública', dijo Perelló, quien acusó a los populares de hacer una interpretación 'lesiva' y 'restrictiva' del citado artículo. Una interpretación que, según Perelló, constituye un 'abuso de derecho' y que contradice derechos fundamentales de los ciudadanos y de los diputados, 'como el derecho constitucional que tiene todo ciudadano a participar en los asuntos públicos o el derecho fundamental de los diputados a controlar al Gobierno'.

Para el parlamentario socialista, si los diputados no tienen derecho a preguntar al Gobierno sobre ninguna relación comercial administrativa con empresas privadas, 'a partir de ahora el Gobierno puede perfectamente contratar con quien quiera sin darle cuentas a la oposición'. Perelló acusó a la presidencia de las Cortes de constituirse 'en una aduana impermeable que opina sobre la idoneidad de las iniciativas y las censura previamente para que el Gobierno no tenga que molestarse en contestar'. Por todo ello, los socialistas estudian la posibilidad de recurrir al amparo del TC, que en otras ocasiones ya ha entendido de asuntos parecidos.

La reacción del PP llegó por medio de su portavoz en las Cortes, Alejandro Font de Mora, quien aseguró que Perelló 'va a pasar a los anales del parlamentarismo tremendista' por sus amenazas de presentar un recurso de amparo ante el TC. El portavoz popular añadió que en las Cortes Valencianas 'se funciona con absoluta normalidad en base al reglamento vigente, que es el mismo que existía cuando los socialistas gobernaban y disponían de mayoría absoluta'.