La izquierda se une para impedir que Mas controle toda la publicidad institucional

Todos los grupos parlamentarios de izquierda firmaron ayer una proposición no de ley conjunta para tratar de evitar que el Gobierno catalán siga adelante con sus planes de controlar la publicidad institucional de todas las administraciones públicas de Cataluña. El Ejecutivo ultima un decreto que establece que el conseller en cap, Artur Mas, nombre a 14 de los 21 miembros de la Comisión Asesora de la Publicidad Institucional (CAPI), el organismo que deberá velar para que todas las administraciones eviten la publicidad partidista.

La propuesta suscrita por el Partit dels Socialistes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) reclama que la composición de este organismo respete un criterio de proporcionalidad entre todas las administraciones. El decreto que prepara el Gobierno catalán es una consecuencia de la ley que el Parlament aprobó por unanimidad en diciembre de 2000, pero la izquierda advirtió ayer de que no aceptará el texto elaborado por Presidencia.

El diputado del Grupo Socialista-Ciutadans pel Canvi Josep Maria Vallès consideró que el proyecto de decreto 'desnaturaliza el espíritu de acuerdo' que a su juicio todos los grupos pactaron con Joaquim Triadú cuando éste era titular de Presidencia, cargo que actualmente desempeña Mas. 'Si este texto sale adelante, el Gobierno pasará de controlado a controlador', subrayó. El responsable de política municipal del PSC, Celestino Corbacho, consideró que el proyecto supone una 'injerencia en la autonomía municipal y un intento de dar carta blanca a la publicidad de la Generalitat'.

Conde de Romanones

El portavoz de ERC, Joan Ridao, también fue muy duro con el proyecto, que lleva la firma del secretario general de Comunicación, David Madí. 'Nos sentimos traicionados porque el Gobierno rompe el consenso institucional', afirmó el dirigente republicano, quien añadió que la actitud del equipo de Mas le ha transportado a la época de la Restauración y comparó a Mas con el conde de Romanones, quien solía quitar importancia a las leyes y aprovechaba los reglamentos para desnaturalizarlas y conseguir sus objetivos políticos.

El presidente del grupo parlamentario de Iniciativa, Rafael Ribó, exigió un 'giro radical' en el proyecto y lo consideró 'una vergüenza'. 'El texto es una tomadura de pelo y no tiene nada que ver con el consenso', añadió.

Por su parte, el secretario general de Comunicación, David Madí, restó importancia al enfado de los grupos de izquierda y aseguró que el decreto, que calificó de 'menor', recoge 'muchas de las aportaciones de los grupos parlamentarios'. En declaraciones a Efe, Madí argumentó que los informes de la CAPI no serán vinculantes y recalcó que el Gobierno no está obligado a pactar los decretos en el Parlament.