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El fiscal Mena investiga al decano de los abogados de Barcelona por presunto cobro de comisiones

'Estoy tranquilo porque no he cometido ninguna irregularidad', afirma Alonso-Cuevillas

Avilés presentó su denuncia el 31 de julio y en los primeros días de septiembre la fiscalía de Cataluña abrió las diligencias de investigación 338/2001. El día 7 de ese mes el fiscal Mena ya solicitó de la Sección 14 de la Audiencia de Barcelona que le remitiera el sumario de una causa para esclarecer un supuesto tráfico de influencias del decano por facilitar que su socio de despacho hasta hace hace poco, Javier Dos Santos, cobrase 14 millones de pesetas en concepto de honorarios del Tribunal Arbitral de Barcelona, del que forma parte el Colegio de Abogados.

Cuando Dos Santos fue nombrado árbitro de ese pleito el 2 de mayo de 2000 no era abogado colegiado y, además, estaba inmerso en un proceso penal por supuesta estafa. Por ese motivo, el laudo está recurrido ante los tribunales 'por las graves y múltiples irregularidades' cometidas, asegura la denuncia. Aquella actuación del entonces socio era el arbitraje de mayor cuantía que se hizo el año 2000, 'por lo cual parece lógico que debería haber sido asignado a un abogado con probada experiencia profesional', asegura la denuncia. En el texto se detalla también que otros miembros de la junta presidida por Cuevillas, a los que se cita, han realizado también arbitrajes 'en beneficio propio -del decano- y para su enriquecimiento y el de sus amigos'.

Cuevillas y Dos Santos -dueño de una empresa constructora y profesor de derecho civil- rompieron su relación profesional el pasado verano de manera poco amistosa.

En la denuncia que investiga la fiscalía se asegura también que existe la sospecha de que el decano haya cobrado comisiones directa o indirectamente por las obras realizadas en el Colegio de Abogados el año pasado y presupuestadas en más de 230 millones de pesetas. La denuncia asegura que existía la orden -por parte del director general de la institución, Felipe Carbajo-, de que esas obras se adjudicasen de manera directa a una empresa concreta, Divisa Barcelona SA.

El decano aseguró ayer que desconocía el trámite que se había seguido en esa adjudicación, puesto que era un asunto del que no se encargaba personalmente. 'Para eso hay un equipo de gestión en el colegio. Ésa no es mi responsabilidad', afirmó. En términos similares se explicó Alonso-Cuevillas para referirse al pago de supuestas comisiones por la realización de la memoria del año 2000, para la que se solicitaron tres presupuestos por importes de 12, nueve y cinco millones de pesetas. Fue elegido el más elevado, afirma la denuncia, que correspondió al presentado por la empresa Valverde de Miquel, colaboradora habitual del colegio.

Alonso-Cuevillas negó ayer que la fiscalía le estuviese investigando y afirmó que en el día de hoy es probable que se ponga a disposición del fiscal jefe para aclarar todos los términos de la denuncia, de la que el decano tiene una copia desde hace casi dos meses porque Montserrat Avilés la ha distribuidos entre algunos despachos de Barcelona.

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Avilés es abogada en ejercicio desde 1959 y en las últimas elecciones al Colegio de Abogados de Barcelona, celebradas el 22 de junio, formó parte de la candidatura que quedó a 194 votos de diferencia de la lista que ganó y que encabezaba Cuevillas. La veterana abogada aseguró que el único interés que le mueve es evitar que la imagen del colegio se siga deteriorando. El candidato a decano en la candidatura de Avilés era Joan Maria Xiol y el aspirante a vicedecano, Pau Molins. 'Yo confío en la administración de justicia y en la fiscalía. Ahora hay que dejarles trabajar', aseguró Aviles.

Situación económica

La denuncia afirma también que, con su actuación al frente del decanato, Alonso-Cuevillas ha logrado enriquecerse, algo que el afectado niega. 'Si no hubiera sido decano, estaría en mejor situación económica', aseguró. Cuevillas relató que vive de alquiler, que los dos pisos que ocupa su despacho son del mismo régimen y que sobre la casa que tienen en L'Estartit pesa una hipoteca. La denuncia afirma que la compró de forma 'anómala' en una subasta.

El decano aseguró que no se ha planteado dimitir o dejar el cargo de manera temporal. 'Dimitir sería darle la razón a los denunciantes', afirmó.

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