El juez del 'caso Alberola' recurre al fiscal general para eludir a Beltrán

El juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Juan Montero, ha remitido las diligencias sobre el caso Alberola al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, para que informe, conocido el detalle de las investigaciones, si procede o no sostener la acusación de dos supuestos delitos de prevaricación contra el juez de vigilancia penitenciaria de Valencia y Castellón, Ernesto Alberola. El magistrado recurre al fiscal general para eludir al fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, que pidió el sobreseimiento.

Atendiendo al principio de jerarquía, el fiscal del caso Alberola tuvo que dejar en manos del fiscal jefe del TSJ, Enrique Beltrán, la calificación de sobreseimiento, apertura de juicio o petición de nuevas diligencias. Beltrán convocó a la junta de fiscales coordinadores para comunicar su decisión, no sin encontrar en su seno discrepancias ante su intención de pedir el sobreseimiento. La solicitud de archivo del caso, que hizo llegar el día 13, no coincide tampoco con las intenciones del instructor, quien haciendo uso del artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 640 para procedimientos abreviados) solicita el pronunciamiento del fiscal general del Estado, superior jerárquico de Beltrán.

Fuentes de la secretaría de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ confirmaron ayer que las diligencias previas sobre dos posibles delitos de prevaricación cometidos por el juez de vigilancia penitenciaria de Valencia y Castellón -desde ayer sustituido en el cargo por una juez y trasladado al Registro Civil- estarán entre hoy y mañana en la oficina de Jesús Cardenal. Para el fiscal general no serán nuevas las diligencias porque, según Enrique Beltrán, antes de tomar la decisión de solicitar el sobreseimiento consultó telefónicamente con él. Sin embargo, el hecho de que Montero recurra a esa instancia evidencia las discrepancias que existen.

El juez Montero relata en el auto, de fecha 17 de octubre, el origen de las diligencias previas. La investigación sobre un crimen ocurrido en la Fundición Arribas de Alaquàs puso a las autoridades sobre aviso. En unas escuchas telefónicas una mujer, María Vicenta Martí (Santi), conocida en el juzgado de vigilancia penitenciaria, en la prisión de Picassent y entre algunos abogados como de gran influencia sobre Ernesto Alberola, ofrece a uno de los imputados en el asesinato, Gabriel Fandos, su mediación para lograr del juez el régimen abierto a cambio de una prestación económica.

Alberola, según consta en el auto de Montero, dejó sin efecto por la vía del recurso la resolución de la administración penitenciaria, por la que Gabriel Fandos debía volver al régimen cerrado después de conseguir el tercer grado a principios de 2000. Pero el fiscal de vigilancia penitenciaria interpuso recurso contra el auto y la sección primera de la Audiencia de Valencia mantuvo el acuerdo de la junta de tratamiento de la prisión calificando al interno en segundo grado. En octubre de 2000, Fandos presentó una queja a Alberola y éste interpuso recurso de reforma y pasó al interno a régimen abierto.

Montero, tras exponer el inicio del proceso y aclarar las diferentes interpretaciones, indica a Cardenal que Alberola era conocedor de las decisiones de la Audiencia y de la jurisprudencia que se aplica cuando un interno está pendiente, como era el caso, de ser juzgado por un delito contra la salud pública y otro de homicidio por el que el fiscal pidió 37 años. El preso fue finalmente condenado, pero en el primer permiso y en mitad de la instrucción del caso Alberola se dio a la fuga y estuvo en paradero desconocido durante meses. Montero entiende que Alberola tomó decisiones a sabiendas de que eran injustas y pide a Cardenal que se pronuncie.

Alberola tiene pendiente la respuesta de su recurso a la suspensión de empleo que dictó la Sala del TSJ con el voto particular de su presidente, Juan Luis de la Rúa.