La Cámara de Cuentas concluye que la gestión municipal de las ayudas a La Carolina fue ilegal

La gestión de los recursos públicos que realizó en 1997 el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén), dirigido por el veterano senador del PP, Ramón Palacios, estuvo llena de 'incumplimientos legales', según una auditoría de la Cámara de Cuentas. El informe, hecho público ayer, revela que estos incumplimientos se concentran en la política de personal y, sobre todo, en el proyecto de infraestructuras, que contó aquel año con una generosa financiación del Ministerio de Industria. La Cámara, en su primer dictamen sobre el gobierno de Palacios, manifiesta una 'opinión negativa' sobre la legalidad de su gestión.

La Cámara de Cuentas, además de llegar a la conclusión de que el Ayuntamiento no cumplió con la legalidad vigente en la gestión de recursos públicos, destaca la imposibilidad de verificar que las anotaciones contables incluidas en los Presupuestos municipales de 1997 se corresponden con el valor real de gastos e ingresos, 'sobre todo en el proyecto de infraestructuras industriales'. De ahí que decida no emitir opinión en la auditoría financiera de las cuentas municipales, la segunda pata de la fiscalización que encargó en 1999 el consejero mayor de la Cámara, Rafael Navas, ante la posición obstruccionista del gobierno de Ramón Palacios, que no había atendido la obligación de rendir sus cuentas desde 1989 hasta 1996.

El servicio jurídico de la Cámara advierte de que de los incumplimientos legales en la gestión de ayudas industriales 'parecen deducirse indicios de responsabilidad contable' y han podido producir 'un menoscabo en el erario municipal'. Fuentes de la Cámara precisaron, sin embargo, que el organismo fiscalizador no ha 'detectado delito' en la actuación del Ayuntamiento aunque la decisión de presentar denuncia puede ser tomada por el Tribunal de Cuentas (organismo estatal al que se remite el informe), al tener más competencias para tomar esta iniciativa.

El informe da cuenta de cómo el Ayuntamiento de La Carolina hizo frente a una situación excepcional. Las inversiones presupuestadas para 1997, inicialmente 105 millones de pesetas, se multiplicaron por diez, hasta los 1.131 millones. Esta inyección de recursos se debió, casi exclusivamente, a una decisión tomada en julio de aquel año por el Ministerio de Industria, dirigido entonces por Josep Piqué (al que Palacios, como a otros ministros del PP, ha concedido la medalla de la ciudad). Industria asignó a este municipio más del 20% (585 millones, además de 234 millones de un préstamo sin intereses) de las subvenciones para regeneración repartidas por su departamento en 1997.

Estas ayudas debían utilizarse fundamentalmente en la compra de suelo y la construcción y acondicionamiento de naves para ser ofrecidas a empresas en condiciones ventajosas. Entre otros 'incumplimientos' en esta gestión la Cámara de Cuentas ha constatado que no existen ni presupuestos ni proyectos para el acondicionamiento de naves (electrificación, alcantarillado).

'El responsable de ejecución' del plan industrial informó a la Cámara de que Palacios entablaba negociaciones con empresas seleccionadas para que entraran 'en precario' en las naves (aún de titularidad municipal). La empresa o el Ayuntamiento ejecutaba las obras de acondicionamiento acordadas y posteriormente se escenificaba una subasta pública para legalizar 'el acuerdo previo' y conceder la nave a la empresa seleccionada personalmente por el alcalde.

La política de personal del Ayuntamiento de La Carolina también recibe un fuerte varapalo. En 1997, el Consistorio ocupaba con contratos de obra puestos fundamentales, como el interventor o la tesorera y retribuía con 20.000 pesetas mensuales a los nueve voluntarios que formaban el servicio de protección civil.

Policías cobradoresEl Ayuntamiento también pagó un salario de un millón de pesetas a un conserje jubilado, contrató como asesores a tres funcionarios de otras administraciones (y les abonó una cantidad fija por gastos de viaje sin justificar). Además, la auditoría desvela que el Ayuntamiento pagó facturas (de electricidad, de gasolina) a personas ajenas al gobierno municipal y que mantenía contratado a un recaudador, cuando sus funciones deben ser asumidas por la Diputación de Jaén. En este área, la Cámara también destaca que la tasa municipal por ocupación de la vía pública está recaudada, 'por funcionarios de la Policía Local del propio Ayuntamiento, a los que se les retribuye con el 20% sobre los importes recaudados'.