Sants después de la batalla
Los bancos hacían ayer balance de los destrozos, y el vecindario se preguntaba dónde estaba la policía
Entre cristales rotos y un ambiente de resignación, los vecinos de Sants recuperaron ayer la normalidad después de los graves destrozos efectuados por jóvenes radicales el pasado viernes. 'El barrio ya se está acostumbrando a cosas como ésta', recordaba ayer un quiosquero de la carretera de la Bordeta evocando los incidentes del 12 de octubre de 1999. Delante de él se ve una sucursal de La Caixa totalmente arrasada, sin cristales, con el mobiliario destrozado y los ordenadores hechos añicos.
Ayer fue el día de los cálculos. Apenas 24 horas después de la violenta manifestación de jóvenes antisistema que pretendían boicotear la concentración ultraderechista que se celebraba en Montjuïc, los responsables de las seis entidades bancarias destrozadas y de los otros establecimientos afectados por el vandalismo callejero intentaban echar cuentas de los desperfectos. 'No son muy graves, pero arreglarlo será engorroso', afirmaba un técnico, calculadora en mano.
Uno de los cajeros automáticos saqueados ya funcionaba ayer, aunque con un enorme boquete en la cámara de seguridad. Los técnicos se sorprendieron por la facilidad con la que los manifestantes rompieron los cristales. 'Esta ventana era antibalas', recordaba uno.
Mientras, los vecinos continuaban preguntándose dónde estaba la policía mientras los autodenominados antifascistas asolaban el barrio. El quiosquero de la Bordeta se explicaba: 'A las 12.10 comenzaron a destrozar La Caixa de enfrente, yo cerré mi establecimiento enseguida, pero la policía tardó 45 minutos en aparecer. Les dieron carta blanca'. La policía estaba cerca, a unos 300 metros, intentando evitar la subida a Montjuïc.
Los siete menores detenidos el viernes en Barcelona acusados de participar en los destrozos en el barrio de Sants quedaron ayer bajo tutela de sus padres por orden de la fiscalía. Por esos hechos fueron detenidas también otras 21 personas mayores de edad que pasarán hoy a disposición judicial, acusadas de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones. Seis oficinas bancarias, una inmobiliaria y dos oficinas de compañías aseguradoras fueron asaltadas y destrozadas por los manifestantes. Un total de 13 contenedores también fue incendiado y destrozadas varias cabinas telefónicas. En los enfrentamientos entre manifestantes y policía resultaron heridas leves nueve personas.
El Ayuntamiento de Barcelona, que se personará en el caso como acusación particular, reclamó ayer que en estos episodios de violencia callejera la justicia actúe con agilidad. El portavoz municipal y concejal de Presidencia y Hacienda, Ernest Maragall, propuso la celebración de juicios rápidos para estos casos, como sucede con las alcoholemias, y reclamó 'que se adopten las medidas cautelares necesarias para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades civiles de los causantes de estos hechos'. Maragall recordó que el 12 de octubre de hace dos años se saldó con otra batalla campal en el barrio de Sants en la que fueron detenidas 24 personas. El juicio por esos hechos todavía está pendiente. El edil socialista reclamó que en estos casos la 'justicia actúe con el máximo rigor para proteger a los ciudadanos'. Según Maragall, 'este tipo de comportamientos son intolerables'.
Críticas a la policía
Por su parte, la cuarta teniente de alcalde de Barcelona, Imma Mayol (IC-V), también se pronunció ayer sobre los hechos. Tras rechazar la actitud violenta de los autodenominados manifestantes antifascistas, la concejal criticó la pasividad policial, de la que responsabilizó a la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas. Mayol calificó de 'incomprensible' la actuación policial por 'la incapacidad de evitar los destrozos y contener la violencia de unos pocos centenares de personas'.
El grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona también terció ayer en la polémica y pidió al gobierno municipal que condene los hechos en su conjunto y no sólo uno de los partidos que lo integran, en alusión al PSC. Del mismo modo, Santiago Fisas, del PP, pidió a los partidos de izquierdas que 'dejen de justificar los actos violentos como hacen siempre'.
Mientras, la Delegación del Gobierno respondió a las críticas cargando contra las asociaciones, vecinos y políticos que dudan de la policía. 'Cuando los violentos encuentran la comprensión de algunos grupos que cuestionan sistemáticamente a la policía, se sienten fuertes, legitimados y con patente de corso para cometer sus salvajadas', dijo un portavoz. Asimismo, aseguró: 'En estas cuestiones no caben dudas ni posturas ambiguas y la policía tiene todo nuestro apoyo'.
