El pacto deja un solo constitucionalista en el Constitucional

La anunciada incorporación al Tribunal Constitucional de Roberto García-Calvo, Javier Delgado, Eugenio Gay y Elisa Pérez Vera, como consecuencia del pacto sobre cargos institucionales entre el PP y el PSOE, en caso de que finalmente se mantenga, completará la composición del órgano máximo intérprete de la Constitución, que se encuentra en sus horas más bajas desde que se constituyó en 1980. Antiguos miembros del Tribunal Constitucional y otros juristas resaltan que, a la vista de los cuatro magistrados que van a ser relevados -Pedro Cruz Villalón, presidente; Carles Viver Pi-Sunyer, vicepresidente; Julio Diego González Campos, y Rafael Mendizábal Allende- los negociadores políticos no se han cuidado de cubrir las vacantes que dejan los dos primeros, acreditados catedráticos de Derecho Constitucional, mediante juristas especializados en esa disciplina, clave para los cometidos del Tribunal. Sólo queda uno, el inicialmente catedrático de Derecho Político (disciplina que en la actualidad se denomina Derecho Constitucional).

Los votos minoritarios en defensa de un nacionalismo español podrían ser ahora mayoría

Los expertos acusan a los políticos de no dar prioridad, en su negociación, a la utilidad profesional de los nuevos magistrados para las altas funciones del Tribunal, entre las que se encuentran anular leyes, revocar sentencias de los jueces, arbitrar entre el Estado y las comunidades autónomas y proteger al más alto nivel los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por otra parte, desde sectores jurídicos y del propio Tribunal Constitucional, se ha criticado el sistema de negociación seguido para la renovación de cargos institucionales. En primer lugar, porque se ha mezclado en una misma mesa negociadora la cobertura de vacantes en órganos de muy distinta entidad, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal de Cuentas e incluso, al parecer, el cargo de consejero de la Comisión Nacional de Energía, que estuvo a punto de dar al traste con el pacto.

Y en segundo lugar porque la mecánica negociadora ha permitido, por ejemplo, que un candidato del PP como García-Calvo, objeto de aceradas críticas por sus antecedentes franquistas y su alegada incompatibilidad ideológica con la Constitución, haya sido finalmente aceptado por los socialistas, en aras de la aceptación por el PP en el Tribunal de Cuentas del ex ministro socialista Luis Martínez Noval.

Aunque en todos los sectores consultados se considera lógico que resulte visible en el Tribunal Constitucional la actual etapa de hegemonía política del PP, desde algunos de ellos se avisa del riesgo de pasarse y se invoca, como ejemplo, que la etapa de mayoría socialista no ha impedido que el Constitucional elegido en aquellos años confirme las condenas contra dirigentes socialistas por la guerra sucia contra ETA (caso Marey) o la financiación irregular del partido (caso Filesa).

Tendencia centralista

Otro de los riesgos de la nueva composición del Constitucional, fruto del pacto, es una tendencia del Tribunal exageradamente centralista, que se acentuará dentro de tres años, cuando se incorporen dos magistrados propuestos por el Gobierno, previsiblemente del PP, y otros dos por el CGPJ. Estudiosos de la jurisprudencia constitucional señalan que lo que en los últimos años han sido votos particulares en defensa de un cierto nacionalismo español, pueden convertirse -tras la marcha de Cruz Villalón, Viver y González Campos y con el apoyo, ahora, de algunos de los magistrados pactados- en posiciones mayoritarias de un Tribunal que, entre sus principales logros, cuenta el haber interpretado el ambiguo Título VIII de la Constitución 'en términos perfectamente decentes', en palabras de Cruz Villalón. La falta de magistrados pactados con CiU o PNV o, simplemente, de sensibilidad autonomista, acentúa esos riesgos.

Los expertos se refieren también al excesivo peso de los jueces de carrera en el Tribunal Constitucional, que pasa de cuatro a cinco, mientras los catedráticos, tradicionalmente mayoritarios en este Tribunal, pasan de ocho, en la actual composición del Constitucional, a seis en la próxima, como consecuencia del pacto. La mayor presencia judicial suele llevar consigo, según estos expertos, un plus conservador y una repetición del esquema institucional del Tribunal Supremo.

Al cupo de profesores universitarios pertenece además de Manuel Jiménez de Parga, el penalista Tomás S. Vives, el veterano administrativista Fernando Garrido Falla; el mercantilista Guillermo Jiménez; la catedrática de Derecho del Trabajo María Emilia Casas, y la de Derecho Internacional Elisa Pérez Vera, que accede ahora.

10 hombres y 2 mujeres

Así pues, en el Tribunal Constitucional resultante de la renovación parcial en marcha, cuyos 12 magistrados tendrán una edad media de 63 años, habrá 10 hombres y por primera vez dos mujeres al mismo tiempo.

Los cinco jueces de carrera serán los tres especializados en la jurisdicción contencioso-administrativa: Pablo García Manzano, Vicente Conde y Javier Delgado; el procedente de la jurisdicción social, Pablo Cachón, y el penalista Roberto García-Calvo. También se incorpora el abogado Eugenio Gay.

He aquí los perfiles de los nuevos magistrados pactados para el Tribunal Constitucional:

- Roberto García-Calvo y Montiel. Propuesto por el PP, García-Calvo, nacido en La Bañeza (León) hace 59 años, ocupó cargos durante el franquismo en el sindicalismo vertical y en el Ministerio de Educación, previos a su designación, ya en abril de 1976, como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Almería, hasta que fue destituido en 1977 por Adolfo Suárez. García-Calvo es muy aficionado a la caza.

Profesionalmente ha ejercido como fiscal y como juez. Tras iniciarse como fiscal en 1968, a partir de 1977 fue magistrado de Trabajo y en 1986 ascendió al Tribunal Central de Trabajo, de donde pasó a la fiscalía del Tribunal Supremo, al que se incorporó en 1995 como magistrado de su Sala Penal, en la que permanece. Fue ponente de la sentencia que condenó a la Mesa de HB y que en 1999 fue anulada por el Tribunal Constitucional. Su voto fue el único, frente a los otros 10 de la Sala Penal del Supremo, que el 8 de marzo de 2001 apoyó, sin éxito, la petición del Gobierno para que el Supremo se inhibiera en la aplicación del indulto al ex juez condenado por prevaricación Javier Gómez de Liaño.

De ideología ultraconservadora, el PSOE impidió en 1988 su elección como vocal del CGPJ, cargo al que accedió en 1989, a propuesta del PP por un margen de dos votos. Tras su relevo, en 1990, pidió amparo al Tribunal Constitucional para continuar en el cargo. El 29 de octubre de ese año una resolución unánime del órgano al que ahora se incorporará, suscrita por Francisco Rubio Llorente, Eugenio Díaz Eimil y José Luis de los Mozos acordó no admitir a trámite el recurso 'por dirigirse contra un acto parlamentario no susceptible de amparo constitucional'.

- Javier Delgado Barrio. Nacido en Barbastro (Huesca) hace 68 años, Delgado ingresó en 1962 en la carrera judicial, en 1974 se especializó en la jurisdicción contencioso-administrativa y en 1986 fue nombrado magistrado de esa sala del Tribunal Supremo.

Jurista conservador, concilia su dedicación como juez con su vocación institucional, que le llevó en 1995 al Tribunal Constitucional, de donde año y medio después pasó a presidir el Supremo y el CGPJ, órgano este último al que ya perteneció de 1980 a 1986 y desde el que regresa ahora, a propuesta del PP, al Tribunal Constitucional. El viaje de ida y vuelta de Delgado se ha criticado por poner en riesgo la independencia de quien ejerce un cargo a la espera de otro.

- Elisa Pérez Vera. Propuesta por el PSOE, que desde 1995 promueve su candidatura, Pérez Vera, nacida en Granada hace 61 años, es catedrática de Derecho Internacional y en 1982 fue la primera mujer española rectora de una Universidad, la UNED, hasta que en 1987 fue designada secretaria general del Consejo de Universidades. Desde 1994 está menos vinculada a la vida académica, dada su dedicación como presidenta al Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía.

- Eugenio Gay Montalvo. Nacido hace 55 años en Barcelona, Gay es abogado mercantilista y desde 1993 ha sido presidente del Consejo General de la Abogacía, cargo que le convirtió en vocal nato del Consejo de Estado, institución en la que apenas ha intervenido, según miembros del alto órgano consultivo. Propuesto conjuntamente por el PP y el PSOE, ambos partidos alegaron la condición de catalán de Gay para considerar que la candidatura podría complacer a CiU, desde donde recuerdan que en los últimos años incluso su nombre, Eugeni, lo ha castellanizado.