Hacienda ve injustificados gastos del Imefe por 1.200 millones acogidos a subvenciones de la UE

En enero estalló el escándalo del instituto de formación profesional madrileño (Imefe): redes empresariales de afiliados del PP copaban 1.400 milones para formar parados, decenas de cursos inexistentes y otras anomalías que costaron el cese al gerente, Ricardo Peydró. Ahora, la Intervención del Estado da la razón a la edil socialista Isabel Vilallonga, que destapó el caso. Su informe considera improcedentes gastos del Imefe por más de 1.200 millones acogidos a subvenciones de la UE por no estar justificados con facturas o por derivar de costes propios del Imefe (edificios o personal), y anota 'coincidencias' en los beneficiarios.

La Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en una investigación abierta antes del escándalo, ha hallado numerosas deficiencias en el uso de los fondos comunitarios por el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de 1994 a 1997. La auditoría, cerrada en mayo pasado, establece que 'no se consideran elegibles (subvencionables) los gastos calculados a tanto alzado, ya que los gastos certificados por la realización de las acciones subvencionadas deben corresponder a pagos efectuados y justificados por el beneficiario'. Esta partida se refiere a los 'costes indirectos' que el Imefe asegura que le han costado los cursos pero de los que 'no ha aportado la justificación de dicha imputación', y parecen ser un mero porcentaje sobre los costes directos. El informe recuerda que ya en 1998, la unidad administradora del Fondo Social Europeo, en escrito al director del Imefe, realizó una severa advertencia sobre el hecho de que tales gastos no justificables supusieran un 12% sobre los costes directos. Tales gastos indirectos (sin justificar) sumaron 82 millones en 1994; 127 millones en 1995; 113 en 1996 y 130 en 1997. Sólo por este concepto Hacienda considera que el Imefe no puede presentar como gastos un total de 452 millones, que al carecer de factura no pueden ser subvencionables, y, por consiguiente, se impondría su devolución a la UE.

Hacienda señala un segundo bloque de gastos indebidamente presentado como subvencionable: las inversiones imputadas como gastos de las acciones, ya que de acuerdo con el reglamento del Fondo Social Europeo sólo pueden ser subvencionadas las amortizaciones de los inmuebles y de material, no las inversiones. Así, en 1994, imputó indebidamente inversiones por 3,9 millones de pesetas; en 1995, unos seis millones, que se imputan dos veces (como compra y como amortización).

Muebles de directivos

Tampoco se considera aceptable por la Intervención que el Imefe imputase en 1995, 1996 y 1997 el 50% de la dotación anual de la amortización como gastos de las acciones cofinanciadas. El monto de tales amortizaciones en el periodo auditado supera los 300 millones. Y el criterio es claro: 'Las amortizaciones son un gasto elegible, siempre que puedan considerarse como gastos de funcionamiento o costes operativos que guarden relación con las acciones cofinanciadas. El equipo de control entiende que el Imefe no ha justificado la amortización como un gasto relacionado con aquéllas, ya que se limitó a imputar la amortización indiscriminada de todos los elementos del inmovilizado'. Incluso se presenta como amortización compras de mobiliario del personal directivo y las obras del aparcamiento.

No menos grave es otra acusación que formula Hacienda: 'El procedimiento de justificación de los gastos correspondientes a los cursos adjudicados a las empresas e instituciones de formación no garantiza que los gastos facturados correspondan a gastos efectivamente realizados y vinculados a las acciones, ya que aquéllas se limitan a justificar sus gastos a través de facturas que se ajustan al precio de adjudicación de los contratos'. Esto apunta la tesis del PSOE de cursos fantasmas o inflados.

Otro varapalo: 'La imputación aleatoria del 50% de los sueldos del personal del instituto no puede considerarse elegible en cuanto no establece su relación con las acciones del programa operativo, y sí, por el contrario, corresponden a la gestión propia del Imefe. Los gastos de las administraciones públicas, incluidos los sueldos de los funcionarios, como regla general, no son elegibles en cuanto que no se establece claramente la vinculación de esos gastos con la realización de los cursos financiados por el Fondo Social Europeo'. Este capítulo de gasto presentado para su subvención supone cerca de 500 millones en los años auditados.

El informe también critica que 'en la contratación de personal docente y en los expedientes de adquisición de material no inventariable, de servicios y de suministros, no se establece claramente la vinculación de estos gastos con la realización de los cursos financiados por el FSE'. El Imefe, según la auditoría, ha imputado gastos de esta naturaleza que no ha justificado, ya que 'no se aportaron algunos de los contratos de personal docente, ni se facilitaron al equipo de control los expedientes del gasto de los cursos internos del año 1994. En suma, 'las conclusiones anteriores y la inexistencia de una contabilidad específica para los distintos proyectos subvencionados ponen de manifiesto la deficiencias que presentan los procedimientos de gestión del Imefe en la materia objeto de control'.