Isla Chica

Conforme avanza la legislatura, se van conociendo cada vez más casos de intereses especulativos ligados a los ayuntamientos que gobierna el PP. En Jaén, un turbio enredo de solares recalificados. En Málaga, unos terrenos destinados a viviendas universitarias se transforman rauda y mágicamente en otros para lujosos pisos de renta libre. En Huelva, el caso Isla Chica, camino ya del TSJA. Viejas y espesas historias que confirman el inexorable cumplimiento de esa especie de ley de hierro del municipalismo: que a la derecha le resulta imposible vencer la tentación de hincarle el diente a la tarta urbanística que ella misma fabrica desde el poder.

Lo de Huelva es, con mucho, lo más llamativo. Un auto de 26 de septiembre del juzgado de Instrucción número 4, de más de 30 páginas, califica de forma extraordinariamente severa la actuación de Pedro Rodríguez, alcalde de la ciudad, en el denominado caso Isla Chica. 'Permanente y continuada arbitrariedad, en sistemática contradicción con las prescripciones establecidas e impuestas por el ordenamiento jurídico vigente (...)'. Nunca se había visto contundencia mayor en un juez, y en un fiscal, contra estos alcaldes populistas. Enhorabuena. Los presuntos delitos afectan a todos los perfiles de la criminalidad urbanística: prevaricación, malversación de fondos públicos y delito contra la ordenación del territorio. Y todo eso, ¿a cuento de qué? Pues del absurdo cuento de la buena pipa de que había que salvar al Recreativo de Huelva (cosa que ni el Recre pidió nunca), vendiendo por 2.700 millones los terrenos públicos donde se asienta el actual estadio a una empresa privada, Odeinsa (con 30% de capital de El Monte, hasta donde se sabe; cómo no iba a estar la caja de Beneroso metida en este lío). A su vez, Odeinsa vende por el doble los 'aprovechamientos urbanísticos' a otro particular, Prasa, para construir 570 viviendas, un emporio comercial y 1.200 aparcamientos privados. De intermediaria, una empresa fantasma municipal, Huelva Deporte, constituida al efecto de la prestidigitación, y que con los 'beneficios' obtenidos acomete sin más las obras del nuevo estadio, por supuesto en otros terrenos públicos, pero ahora no municipales, sino de dominio marítimo terrestre y en contra de la Dirección General de Costas. Un descomunal trapicheo, en el que quedan muchos flecos y personajes por investigar, y en el que el club decano ve perderse su independencia social y los onubenses todos esfumarse su patrimonio, un suelo magnífico para construir el parque que soñaban en una zona sobresaturada de viviendas. Y todo ello, de principio a fin, con los informes radicalmente contrarios de los técnicos municipales, de la Junta de Andalucía, y la oposición frontal de buena parte del sentir ciudadano. Es ésta la parte aleccionadora y refrescante del caso: que cuatro modestos ciudadanos de a pie decidieron plantarse un día. Y la más indignante, esa inicua persecución de que es objeto el portavoz socialista, José Juan Díaz Trillo, que ha visto arrastrado su buen nombre de poeta por las paredes del graffitti orquestado. Pero cómo se sentirá de seguro ese alcalde, verdadero maestro en seducir a multitudes balompédicas, que en la última campaña electoral ni siquiera se molestó en presentar un programa. Su único programa fue 'Salvar al Recre'. A ver quién lo salva a él ahora.