El Parlamento solicita a Unicaja que se pronuncie sobre la incompatibilidad de un diputado

El Parlamento de Andalucía acordó ayer pedir a Unicaja que expida un certificado aclarando si es de fundación pública o privada, documento que pesará a la hora de establecer si uno de sus miembros incurre o no en incompatibilidad al simultanear el escaño de diputado con el de miembro del consejo de administración de dicha entidad. La decisión se adoptó, con el voto en contra del partido socialista, en la Comisión del Estatuto del Diputado que será la que tendrá en último caso la palabra. Los parlamentarios hicieron caso omiso de la opinión unánime de los letrados de la Cámara autonómica que estiman que no se pueden simultanear ambos puestos.

La comisión estudió ayer los escritos presentados por el diputado y presidente del PP de Málaga, Joaquín Ramírez, quien ha sido elegido miembro del consejo de administración de Unicaja, y de la diputada del PP por Granada Carolina González Vigo, elegida como miembro de la comisión de control de la General, por si incurrían en incompatibilidad.

La comisión acordó por unamidad declarar compatibile el caso de González Vigo, mientras que pospuso la decisión en el caso de Ramírez. Los grupos, con el voto en contra del representante socialista, adoptaron una decisión un tanto singular al instar a Ramírez a que pida a Unicaja un certificado en el que diga si es de fundación pública o privada, lo que en medios de la Cámara se considera una 'delegación' de una función del Parlamento. 'El Parlamento que ha aprobado la ley de Cajas de Ahorros de Andalucía tendría que tener claro a estas alturas si las entidades son públicas o privadas', afirma una fuente parlamentaria, que subraya la 'gravedad' de diferir una entidad que es parte interesada del asunto que certifique su naturaleza.

Los diputados hicieron caso omiso del consejo de los servicios jurídicos de la Cámara, expuesto ayer en la comisión por el letrado Javier Terrón. Éste ha elaborado un borrador de informe al hilo de las dudas legales sobre el articulo 6 de la ley Electoral de Andalucía que, entre otras causas de incompatibilidad, señala la de ser consejero de 'entes públicos y empresas de participación pública mayoritaria, cualquiera que sea su forma, incluidas las cajas de ahorro de fundación pública'.

El informe de Terrón no establece conclusiones determinantes, por lo que la junta de letrados del Parlamento acordó una posición común por si la necesitaban los parlamentarios. Por unamidad, los seis letrados opinaron en una reunión celebrada el viernes 21 de septiembre que a todas las cajas andaluzas en cuestión -salvo CajaSur, al estar inmersa en un recurso ante el Tribunal Constitucional- debía aplicarse el citado artículo y apuntaron además su posición contraria a que los diputados compaginen el escaño con el de miembro del consejo de administración.

En el Parlamento hubo dos versiones sobre si esta opinión fue trasladada ayer en la comisión. El portavoz del PP, Antonio Sanz, dijo que 'no existe tal acuerdo' y que el letrado de la comisión, el propio Terrón, 'no se ha mojado, ni posicionado ni a favor ni en contra'. Por el contrario, el diputado socialista Guillermo Gutiérrez afirmó que Terrón 'presentó un informe verbal de lo que piensan los letrados y de aquella reunión, que', aclaró 'no se ha tenido en cuenta'. La opinión de los servicios jurídicos no es vinculante.

Tanto Sanz como el andalucista Ildefonso Dell'Olmo, cuyo partido es socio del PSOE, establecieron un paralelismo con el caso del socialista José Asenjo, quien siendo diputado autonómico pertenecía también al consejo de Unicaja. 'Cuando Asenjo estaba en la misma situación, el PSOE opinaba que no era incompatible y ahora toca hacer lo contrario', subrayó Sanz.

Para Guillermo Gutiérrez, el hecho de que se acuerde pedir el citado certificado a Unicaja es 'una dejación' de funciones del propio Parlamento, opinión que indirectamente avaló Sanz al afirmar que si 'Unicaja declara su fundación privada estaríamos declarando compatible al diputado concreto'. La entidad, en un reciente informe, se declaró de 'fundación no píublica'. El presidente de la comisión, Juan Vicente Acuña (IU), no prejuzgó la decisión final.

Para el PSOE, tras la aprobación de la ley de Cajas, estas entidades 'son más públicas que privadas', mientras para el PP sólo es de 'fundación pública' la de San Fernando y, tal vez, la de Jaén. Sanz aclaró que a estas dos ultimas su partido no hará nombramientos susceptibles de debatir su incompatibilidad. Todos los partidos abogaron por la reforma de la ley Electoral.