Juicio contra la Universidad granadina por posibles anomalías en unos nombramientos

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Granada dejó ayer visto para sentencia el juicio que se sigue por el nombramiento, supuestamente irregular, de tres vicegerentes y una directora de gabinete del rector de la Universidad de Granada, David Aguilar. El juicio se celebró a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato CSIF.

La central sindical argumentó ayer durante la vista que la decisión de David Aguilar de nombrar cuatro cargos de confianza en noviembre y diciembre del pasado año vulneró la ley del funcionariado en la medida en que 'no se tuvieron en cuenta los criterios de igualdad, capacidad, publicidad y mérito' y que no existió un procedimiento de selección para tales cargos. Los representantes de la Universidad, por su parte, alegaron que la decisión de Aguilar se ajustó plenamente al Derecho al tratarse de cargos de confianza y que son de libre designación.

Un portavoz del equipo del rector, Esteban Pérez, señaló ayer que todo el conflicto se debía a un 'problema nominativo' o de términos, es decir, al nombre de los cargos elegidos que, en lugar de tener el título de vicegerentes, deberían haber sido llamados 'asesores', cuestión que solventarán una vez sea conocida la sentencia.

El CSIF, por su lado, defiende que uno de los puestos designados por el rector 'es nulo de pleno derecho' al haber sido otorgado a una persona que no pertenece al funcionariado, cuando la ley establece que ese cargo sólo puede ser desempeñado por un funcionario.

A este respecto, Esteban Pérez indicó que, en la actualidad, están paralizadas las contrataciones mientras no se llegue a un acuerdo en las negociaciones que se están manteniendo con los sindicatos.