España debe contribuir

Desde que la Alianza Atlántica consideró el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono una agresión contra todos sus miembros, invocando el artículo 5 de su Tratado fundacional, la consideración sobre la posible implicación de un aliado, Estado miembro, en la lucha contra el terrorismo está superada y pasa de las consideraciones teóricas a cuestiones prácticas y concretas: cuál puede ser su mejor contribución al esfuerzo colectivo.

España cuenta con un marco bien definido para concretar su aportación. Por una lado, en el seno de la propia OTAN, donde, una vez discutidas las posibles medidas a adoptar por la Organización, los órganos competentes, en permanente consulta con las naciones miembro, distribuirán tareas y responsabilidades de una forma equilibrada y buscando no sólo un resultado armónico, sino eficaz.

En cualquier caso, la Alianza no ha tomado decisión alguna sobre su posible papel en una acción armada contra los culpables de las agresiones del día 11, o contra los Estados que amparan a los terroristas. Y, en consecuencia, todas las opciones están pendientes de concretarse.

Paralelamente, España tiene fijada una colaboración bilateral con los Estados Unidos a través del convenio de colaboración en materia defensiva, donde se regula detenidamente el acceso de las fuerzas norteamericanas a instalaciones y servicios prestados por bases españolas. Este convenio, que arranca de 1953 y que ha sido renegociado en sucesivas ocasiones -y en la actualidad se encuentra en plena revisión técnica- ha marcado la pauta de actuación ante situaciones bélicas o de crisis, desde el Golfo en 1991 hasta Kosovo en 1999.

El convenio bilateral con los EE UU regula claramente tanto las instalaciones de apoyo concedidas a las fuerzas norteamericanas para atender sus operaciones rutinarias, como las posibles autorizaciones de uso de las bases de Rota y Morón y otras instalaciones bajo circunstancias especiales. En este sentido, las peticiones del Gobierno norteamericano para permitir la intensificación del tráfico de sus aparatos se han cursado siguiendo los procedimientos al uso y se han autorizado mediante los mismos mecanismos, sin recurrir a nada excepcional, sólo con el amparo de la normativa vigente.

El Gobierno, a diferencia de otras ocasiones anteriores, como durante la guerra del Golfo, cuando España se enteró por John Major, en una sesión de control parlamentario de los Comunes, que Morón estaba siendo utilizada como base por los bombarderos B-52, desde donde despegaban para cumplir con sus misiones de castigo, no ha ocultado en ningún momento, todo lo contrario, su disposición a contribuir mediante su apoyo logístico a las posibles operaciones militares que pudieran realizar los Estados Unidos en represalia por los sucesos del martes 11 de septiembre. La resolución 1368 de las Naciones Unidas les ampara para una acción de legítima defensa.

Desde la guerra de Kosovo la oposición parlamentaria ha demandado la generación de un mecanismo de control previo de aquellas decisiones gubernamentales que afecten a la participación de unidades españolas en operaciones militares, mecanismos, por lo demás inexistentes en nuestro entorno.

En realidad, nos encontramos ante escenarios estratégicos altamente mudables, de difícil previsión. Pensemos únicamente en el desarrollo de las misiones de paz de los 90, operaciones que nadie había previsto pocos años antes, como ninguno había anticipado el carácter y la naturaleza de la amenaza terrorista a la que ahora nos enfrentamos.

El Gobierno debe informar y mantener el cauce de contactos con el Parlamento y los grupos políticos. Eso es evidente, y así se hizo en Kosovo y el presidente Aznar está haciendo en este momento. Pero tal y como ha ocurrido con las declaraciones formales de guerra, que sólo han servido para que las guerras se hagan sin declarar, establecer un rígido mecanismo parlamentario, previo a toda decisión, en un ambiente donde nos enfrentamos a la sorpresa y lo desconocido, es condenarnos a la parálisis o a buscar otras vías de decisión no contempladas pero más eficaces en tiempo de crisis.

También hay quien opina que ceder el uso de las bases a las tropas americanas incrementa el riesgo de nuestro país, ya que podría convertirse en un objetivo de los terroristas, pero, por desgracia, España ya es un objetivo con o sin utilización de nuestras bases, por el mero hecho de ser un país occidental, democrático, liberal y avanzado. Vivimos en la era de la globalidad y, sin tener que recurrir a la teoría del caos -que explica un terremoto en San Francisco por el batir de las alas de una mariposa en China-, las crisis de esta envergadura nos golpea en muchos frentes, ocurra donde ocurra. Creo que no es necesario marcar la oscilación bursátil y las repercusiones económicas directas sobre España de los atentados del 11 de septiembre.

Nuestro país ha logrado superar décadas de aislamiento y marginalidad en el mundo y ha pasado a ser en los últimos años un actor respetado por la comunidad internacional. Su nuevo lugar en el mundo tiene indudables ventajas, pero también conlleva nuevas responsabilidades. Una de ellas es contribuir directamente al mantenimiento del orden y la estabilidad internacional, no por puro altruismo, sino porque está en la base de nuestra propia seguridad y bienestar. Así lo ha hecho en los noventa con la presencia de tropas españolas en los Balcanes y otras zonas del mundo. También lo ha acometido con diversas propuestas en el ámbito europeo a favor de la paz.

España sabe, por desgracia, lo que es el terrorismo y lo que cuesta luchar contra el mismo. El día 11 ha servido para que el mundo tome plena conciencia del azote que representa para todos. Sería incomprensible que una nación como la nuestra, con toda nuestra experiencia, pretendiera quedar al margen de este nuevo frente internacional. El terrorismo internacional no sustituye a ningún otro, sino que se añade a los peligros que ya conocemos.

Manuel Atencia Robledo es diputado por Málaga y portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Congreso.