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Cardenal rechaza que Anticorrupción investigue el robo de sumarios en los juzgados de Marbella

La Fiscalía Anticorrupción no se hará cargo de la investigación del robo de sumarios relacionados con Jesús Gil, ocurrido este verano en los juzgados de Marbella. El Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, considera que no existen 'presupuestos legales que justifiquen' la intervención de la Fiscalía Especial, como pedían PSOE, Junta de Andalucía y diversas asociaciones profesionales de magistrados, y deja la investigación en manos de la Fiscalía de Málaga. Los socialistas creen que con esta decisión se pretende dar 'carpetazo' al asunto, y 'tapar algunas cuestiones irregulares en las que estuvieron implicadas algunas personas relacionadas con el PP, como Arias Salgado y Margarita Mariscal de Gante'.

'Hay una total ausencia de voluntad política para acabar con lo que se conoce como la mayor trama de corrupción política y judicial organizada', se quejó ayer la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos. La concejal remitió el pasado 20 de agosto un escrito al Fiscal General, en el que solicitaba que se encargara a Anticorrupción la investigación sobre la sustracción de 13 procedimientos judiciales abiertos contra el alcalde de Marbella y personas de su entorno en los Juzgados 1, 5 y 7 de la ciudad. Considera García Marcos que la fiscalía especial es el 'único órgano cualificado' para esclarecer lo ocurrido en los juzgados marbellíes, que tacha de 'basta conspiración criminal'. Según la concejal en esta trama habrían 'intervenido personas vinculadas a la administración de Justicia y otras de poderes políticos locales'.

En su respuesta, fechada el 3 de septiembre pasado, Cardenal asegura que comparte la preocupación de la edil socialista sobre 'la gravedad objetiva de los hechos', que reconoce pueden influir y dificultar 'el correcto enjuiciamiento de algunas de las causas penales ahora desaparecidas'. Sin embargo, añade: 'De lo actuado hasta ahora y de la información proporcionada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga, no parece desprenderse la existencia de los presupuestos legales que justifican aquella intervención'.

Según García Marcos la investigación lejos de avanzar ha retrocedido dos pasos: el primero, la decisión del CGPJ de no abrir expediente disciplinarios a los jueces y decana de Marbella, y el segundo dejar la indagación de los hechos en manos de la fiscalía malagueña, a la que acusa de 'pasividad y negligencia'.

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