Los farmacéuticos valencianos logran el respaldo a su proposición de ley contra la liberalización del sector

El colectivo de farmacéuticos españoles ha superado con creces el reto que se propuso hace nueve meses: conseguir medio millón de firmas para que su proposición de ley, dirigida a fijar los principios básicos que limiten la venta de medicamentos en los dispensarios especializados frente a las pretensiones liberalizadoras del sector, sea atendida por el Parlamento español. La iniciativa partió del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, bajo la presidencia del recientemente fallecido Salvador Ibáñez, y fue admitida por el Senado en diciembre. El documento defiende el mantenimiento de España del modelo mediterráneo de farmacia, que se cumple en la mayoría de países europeos del arco mediterráneo y que establece que la venta de fármacos ha de reducirse a locales especializados. Los farmacéuticos iniciaron una campaña de recogida de firmas que ha obtenido más de 600.000 adhesiones. El documento será tramitado en octubre en el Congreso de los Diputados.

La iniciativa legislativa centró el sábado la II Convención Nacional de Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia, que reunió en Gandia a más de 150 farmacéuticos de toda España. El encuentro sirvió asimismo para confrontar la opinión de distintos sectores sociales (asociaciones de consumidores, amas de casa, pequeños comerciantes, agrupaciones de enfermos crónicos, expertos universitarios, y representantes de la industria y distribución de medicamentos) sobre la propuesta legislativa promovida por el colectivo de farmacéuticos.

'La Organización Mundial de la Salud sitúa el servicio de venta de fármacos español entre los primeros puestos del mundo, por su sentido igualitario y por propugnar el abaratamiento de los medicamentos', defiende Rafael Borrás, miembro de la directiva del Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Para este colectivo, la posibilidad de la liberalización del sector de los fármacos, que permitiría la venta de medicamentos en grandes superficies y establecimientos comerciales, como ya ocurre en EE UU, 'supondría el cambio de la vertiente sanitaria del medicamento por la comercial'. Borrás considera además que esta posibilidad es 'un sinsentido', y asegura que conduciría al 'encarecimiento de los productos y a la falta de control sanitario de los mismos'. 'Las grandes superficies han creado una opinión pública ficticia para presionar ante el Gobierno que puede acabar con los pequeños farmacéuticos', lamentó.