Barrionuevo y Corcuera se sientan hoy en el banquillo por los fondos reservados

La Audiencia de Madrid ha preparado la más amplia de sus salas, la número cero, para celebrar a partir de hoy el macrojuicio por el supuesto saqueo de los fondos reservados del Ministerio del Interior entre los años 1983 y 1993. Durante los más de tres meses de juicio previstos, desfilarán ante el tribunal un centenar de testigos -entre ellos, el ex presidente Felipe González- y 15 peritos. Los siete acusados -entre los que destacan los ex ministros de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, así como el ex secretario de Estado Rafael Vera- se enfrentan a una petición fiscal total de 52 años de cárcel.

Los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia (Francisco Vieira, Arturo Beltrán, ponente de la sentencia, y Jesús Guijarro) tendrán que decidir si fue o no lícito el destino que los acusados dieron a los cerca de 16.000 millones de los fondos reservados que manejaron en sus mandatos. O si, en cambio, los acusados enriquecieron sus patrimonios. En el banquillo se sentarán, aparte de Barrionuevo, Corcuera y Vera, el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex director general de la Policía José María Rodrìguez Colorado; el ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López Rodríguez, y el ex jefe del mando único de la la lucha antiterrorista en Bilbao Francisco Álvarez Sánchez.

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón imputa delitos de malversación de caudales públicos a los acusados. Según Luzón, entre los años 1983 y 1993, Interior dispuso de fondos reservados en tres cuentas del Banco de España: una destinada 'a atender las necesidades de la Dirección General de la Guardia Civil; otra, 'para habilitación de material', gestionada directamente por el ministro, y una tercera, 'la más cuantiosa', gestionada por la Secretaría de Estado de Interior'. Según el fiscal, 'la ausencia de control externo sobre el destino' de estos fondos 'permitió a los responsables de velar por su correcta administración, no sólo aplicarlos a fines ajenos a cualquier uso público sino, en ocasiones, destinarlos a su propio enriquecimiento personal'.

Sancristóbal es el único de los acusados que ha reconocido que aumentó ilícitamente su patrimonio. Antes del verano, Sancristóbal devolvió al Estado los 66 millones que, según él, percibió de estos fondos. No obstante, el fiscal argumenta que Sancristóbal recibió 130 millones. Le imputa delitos de malversación y sustración de caudales públicos, por los que le pide 10 años y siete meses de cárcel.

Barrionuevo y Corcuera se enfrentan a una petición del fiscal de siete y 10 años y siete meses de prisión, respectivamente. Barrionuevo, 'por consentir' que otros se apropiasen de dinero público; y Corcuera por ese mismo motivo (seis años) y por destinar 7,3 millones para regalos navideños a las esposas de sus más directos subordinados (otros 4 años y 7 meses).

El fiscal pide para Vera ocho años de cárcel y otros 20 de inhabilitación. Según el fiscal, Vera, con la anuencia de Barrionuevo y Corcuera, se apropió cuando fue subsecretario, director de la Seguridad del Estado y secretario de Estado para la Seguridad, de al menos 255.197.979 pesetas.