CiU y PNV se quejan de quedar fuera de órganos institucionales

Los partidos nacionalistas mayoritarios en Cataluña y País Vasco, CiU y PNV, intentan aprovechar el nuevo parón en el diálogo entre el PP y el PSOE sobre la provisión de puestos de órganos constitucionales para reiterar sus demandas de presencia en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). CiU dirige sus críticas al PP, en tanto que el PNV se centra en el PSOE, al que pide que no abandone su defensa de mantener a la diputada Margarita Uría como vocal del CGPJ. Desde ámbitos judiciales se pide a los partidos que no hagan 'una cesta institucional', sino que separen los ámbitos de negociación.

Esto último fue lo que pidió repetidamente el PSOE al PP: acordar los puestos por separado en cada institución para impedir un bloque institucional completo. Pero los populares siempre negaron este método de trabajo.

El PNV apela al PSOE 'como partido de principios' para que no acepte 'el veto del PP a candidatos por el hecho de ser políticos', dijo ayer a este periódico el portavoz peneuvista en el Congreso, Iñaki Anasagasti. 'La decisión está en manos del PSOE y seguimos confiando en ese partido político', añadió Anasagasti un día antes de que el secretario general socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, se reúna en Vitoria con el presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe. 'Si nos excluyen del CGPJ habrá un antes y un después en las relaciones con las demás fuerzas políticas', advirtió. Preguntado sobre el porqué descarga toda la responsabilidad en el PSOE, Anasagasti dijo: 'Del PP no esperamos nada; nos sacó de la Internacional Democratacristiana, de la Mesa del Congreso, del Consejo de RTVE. Es la derecha más pura'. El PSOE continúa defendiendo la presencia del PNV.

Sentido proautonomista

El interés de CiU, sin embargo, se concentra en el Constitucional. Tanto el conseller en cap, Artur Mas, como el líder de Unió, Josep Antoni Duran, reclamaron al PP 'una persona con sentido proautonomista' entre los cuatro aspirantes para las vacantes del máximo órgano judicial que habría que haber renovado en julio pasado. Sobre dos vacantes, corresponde la capacidad de propuesta al PP, que las habilitará con Javier Delgado, presidente del Tribunal Supremo, y Roberto García Calvo. La tercera aspirante será la magistrada Elisa Pérez Vega, impulsada por el PSOE. El cuarto puesto debía cubrirse con una persona de consenso entre PP, PSOE y CiU.

Mucho antes del verano se pidió a CiU que ofertase tres candidatos para elegir entre ellos. CiU se decantó entonces por el jurista Antoni Bayona, director de Estudios Autonómicos de la Generalitat y autor de varios recursos de inconstitucionalidad contra normas estatales. Ese perfil no gustó nada al PP y tampoco al PSOE. El PSOE sugirió entonces al catalán Eugeni Gay, ex presidente del Colegio de Abogados de España. El PP lo asumió, pese a considerarlo próximo a los socialistas. Pero CiU no reconoce a Gay una sensibilidad suficientemente proautonomista.