Un juez cierra un módulo de El Pinar por supuestos malos tratos a menores

Un juzgado de instrucción de Madrid ha ordenado el cierre del módulo de aislamiento del reformatorio El Pinar, dependiente de la Comunidad de Madrid y gestionado por la empresa privada Cicerón, por supuestos malos tratos a algunos internos. Según fuentes de la investigación, el juez ha clausurado este módulo, destinado a menores conflictivos, 'por su mala habitabilidad' y tras recibir una querella de la Fiscalía de Menores en la que se denuncia 'por torturas' a los responsables del centro, a varios educadores y a guardias de seguridad.

Fuentes de la investigación aseguran que el centro de menores El Pinar ha sido especialmente conflictivo desde que entró en funcionamiento el pasado enero. Se han producido fugas, un motín, reyertas entre jóvenes y agresiones a educadores.

La orden de cierre del citado módulo del reformatorio fue adoptada por el juez que estaba de guardia el pasado martes tras estudiar una querella de la Fiscalía de Menores de Madrid en la que se atribuyen supuestas 'torturas' y malos tratos a sus responsables, a algunos educadores y a varios guardias jurados del centro.

Según estos medios, los cinco menores alojados en dicho módulo han sido trasladados a otro reformatorio madrileño, El Renasco, tras recibir la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad la orden judicial de clausura. El reformatorio El Pinar alberga ahora, en sus otros tres módulos, a una veintena de menores.

El módulo clausurado acogía a los internos que la dirección del centro y los educadores sancionan por infringir las normas. Los internos lo conocen como el módulo de aislamiento. Ingresar en él significa que se les aparta del grupo y que sólo pueden salir al patio una o dos horas al día, dependiendo de la gravedad de la sanción impuesta.

La querella contra los responsables de este reformatorio es el resultado de la visita sorpresa que giró este verano al centro una comisión judicial. Esa comisión, integrada por una fiscal, un forense y un agente judicial, se desplazó a El Pinar para constatar in situ si era cierto lo que familiares y colectivos de apoyo a los menores indicaban en denuncias presentadas ante la fiscalía sobre el funcionamiento del centro. Tales denuncias revelaban casos de supuestos maltratos a los adolescentes. 'Había menores a los que se aislaba durante un mes e incluso se les esposaba a la cama, agresiones físicas...', afirman medios cercanos a la investigación. Durante la visita de la comisión al centro, el forense examinó a algunos internos y confirmó que habían sufrido malos tratos.

La comisión efectuó la sorpresiva visita el pasado mes de agosto. Sus miembros tomaron declaración a menores objeto de supuestos malos tratos y a los educadores implicados en los mismos. De esos interrogatorios y de lo visto sobre el terreno se ha derivado la querella de la fiscalía que ahora ha dado lugar al cierre de uno de los cuatro módulos de este centro.

Aparte de las denuncias de los citados colectivos, otro motivo que llevó a la comisión a visitar El Pinar fue, según los citados medios, los numerosos conflictos que se estaban produciendo en sus instalaciones y la elevada cifra de sanciones, más que en los otros centros, que recaían sobre los internos.

Muchas sanciones

En los cuatro reformatorios que hay en Madrid hay menores conflictivos, pero el funcionamiento del Renasco y el Madroño, a diferencia de El Pinar, se halla dentro de los cauces normales. A los fiscales les resultó llamativo que el mayor número de sanciones recayese sobre los jóvenes de El Pinar. La comisión también quería comprobar si, efectivamente, había módulos en los que se mezclaba a menores con grandes diferencias de edad entre ellos. Se comprobó que sí había casos de este tipo. Se da la circunstancia de que la Fiscalía de Menores de Madrid había pedido en agosto un informe a la Comunidad de Madrid sobre el funcionamiento de El Pinar, pues hasta ese momento este centro destacaba por su alto nivel de conflictividad, reyertas entre adolescentes, fugas y sanciones.

Nada más trascender a comienzos de año que la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, había decidido encomendar a la empresa privada Cicerón la atención de los menores de El Pinar, los fiscales pusieron reparos. Ellos preferían que fuesen funcionarios públicos, como ocurre en el Renasco y el Madroño, quienes se encargasen del cuidado de los jóvenes. Sostenían que uno de los problemas que tiene la Ley Penal del Menor en muchos centros es que resulta difícil preparar al personal para que sepa trabajar con chicos conflictivos, que necesitan profesionales capaces de trabajar con ellos y de aplicar las medidas de reinserción previstas.

El reformatorio El Pinar, situado en la carretera de A Coruña, funciona desde comienzos del pasado mes de enero. Se unió a los tres centros de menores cerrados que ya existían: el Renasco, el Madroño y el Altamira. Este cuarto centro nació coincidiendo con la entrada en vigor, el pasado 13 de enero, de la nueva Ley Penal del Menor, que elevaba de 16 a 18 años la edad penal. Su finalidad era acoger a los jóvenes que en ese momento cumplían condenas en cárceles normales y que, según la nueva ley, debían hacerlo en centros de menores por haber cometido el delito cuando tenían entre 16 y 18 años.