La Generalitat pagará al año 100 millones por los teléfonos de atención al ciudadano

La gestión del teléfono de información corporativa y de información al ciudadano fue cedida el pasado mes de julio por la Generalitat -en un concurso abierto- a la empresa privada TGT Tecnología y Gestión Telefónica, que tiene como socios a Aguas de Barcelona, mayoritario, y La Caixa.

El importe de la externalización de este servicio del Gobierno catalán depende del número de llamadas que TGT deba atender y la Generalitat ha calculado este gasto a partir de las del año 2000, en el que el servicio atendió unas 714.000, lo cual hubiera supuesto un coste de 100 millones de pesetas.

La resolución adjudicataria del servicio establece que se pagarán las llamadas informativas a 198 pesetas la unidad hasta que se completen 500.000 consultas; entre esta cantidad y un millón de llamadas, la firma concesionaria recibirá 166,8 pesetas por cada una de ellas, y 124,9 pesetas, si superan el millón. Si se trata de llamadas de gestión, los precios establecidos en la adjudicación son de 168,1 pesetas hasta 500.000 llamadas; 156,7 pesetas, si las llamadas alcanzan la cifra de 750.000; 148,7 pesetas, si llegan a un millón y 145,7 pesetas por llamada, si lo superan.

El contrato establece un máximo por llamada de 200 pesetas si es informativa, y de 180 pesetas si es de gestión o trámite. Al establecer los pliegos de condiciones del concurso, habilita un presupuesto que se agota o se amplía dependiendo del volumen de llamadas.

La privatización de los teléfonos de asistencia al ciudadano produce, como antes ocurrió con los del Ayuntamiento de Barcelona, un encarecimiento para el usuario, además de los costes para la Administración que subcontrata su servicio con la empresa. En el caso de las llamadas al 012, subcontratista de la Generalitat, implica que el ciudadano pasa a pagar 91,2 pesetas (más IVA) por cada tres minutos o fracción por llamada, en lugar de las tarifas de 7,5 pesetas por conexión y 6,7 pesetas por minuto que se venían pagando cuando el servicio era gestionado por los funcionarios de la Generalitat, según ha denunciado el sindicato CC OO.

El sindicato, además, augura 'una pérdida de calidad', puesto que los operadores privados de la empresa de telemercadotecnia no cuentan con la experiencia acumulada por quienes atendían los anteriores teléfonos del consumidor. La situación es aún peor si la llamada proviene de fuera del área metropolitana de Barcelona. En este caso, la tarifa para el usuario se incrementa hasta 116 pesetas por cada tres minutos o fracción.