De miedo

Aunque resulte difícil de creer, el robo de 50.000 folios de sumarios y el borrado de los correspondientes archivos informáticos no es, ni mucho menos, lo más grave que ha ocurrido en los juzgados de Marbella en los últimos 30 años.

Es un secreto a voces que en esos juzgados ha ocurrido de todo y en grandes dosis, o, si lo prefieren, en envase familiar: desde el escamoteo de graves asuntos penales, hasta la puesta en libertad de presos preventivos a cambio de lo que eufemísticamente podríamos llamar 'favores sexuales'.

La cosa viene de lejos. Ya en 1987, un joven juez llamado Baltasar Garzón, destinado entonces a la Inspección del Consejo Superior del Poder Judicial, denunció irregularidades en los juzgados marbellíes y mostró su extrañeza por la acumulación de poder en manos de un simple oficial llamado Juan Ramírez, padre de Pilar Ramírez, quien poco después sería titular de uno de los juzgados de la ciudad.

En 1993, la juez Blanca Esther Díez denunció una trama de corrupción judicial y apuntó muy alto: nada menos que al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial por designación del PP, José Luis Manzanares, en la actualidad miembro del Consejo de Estado, y ya entonces amigo de Juan Ramírez.

Finalmente, las denuncias de la juez Díez no sólo no prosperaron -nadie se tomó la molestia de seguir las averiguaciones-, sino que se volvieron contra ella. El fiscal Luis Portero pidió para Blanca Esther Díez 14 años de inhabilitación, por lo que calificó de 'calvario procesal' de Juan Ramírez, quien estuvo dos meses en prisión preventiva después de que la juez encontrara el nombre de Ramírez como mediador de una compra-venta supuestamente fraudulenta por la que facturó cuatro millones en concepto de 'gastos legales'. Finalmente, la sentencia decretó un año de suspensión para la juez. Juan Ramírez, como es sabido, salió de rositas del asunto.

El caso no sirvió para escarmentar a los corruptos. Los escarmentados fueron los que trataban de echar luz sobre la negrura judicial marbellí. Así se explica que en los juzgados de Marbella los jueces y funcionarios honrados, que los hay, prefieran desde entonces pedir el cambio de destino o mirar hacia otro lado ante cosas tan sospechosas como que haya funcionarios que no oculten un tren de vida claramente incompatible con el sueldo que cobran.

También así se entiende cómo los jueces responsables de los sumarios desaparecidos tardaran unas tres semanas en denunciar el robo y que no lo comunicaran al Consejo Superior del Poder Judicial hasta que la noticia llegó a la prensa. Por lo visto, se pretendía arreglar el asunto 'en familia', sin airear los trapos sucios.

La sensación de impunidad de los funcionarios corruptos explica también que se atrevieran a embarcarse en una aventura tan peligrosa como la del robo de los sumarios, una operación que no tendrá otra utilidad que retrasar unos meses la instrucción. Pero quien esté detrás del asunto quizá busque sólo exhibir su prepotencia y demostrar que sigue controlando la situación a pesar de los reveses que viene sufriendo en los últimos años.