El PP de Alcoy convertirá 200.000 metros cuadrados de zona protegida en suelo industrial

El inicio de los trámites de recalificación de estos terrenos por parte del consistorio alcoyano ha puesto en alerta a varios vecinos afectados por esta decisión municipal, quienes no dudan en denunciar que todo el proceso está plagado de diversas irregularidades.

Rosa Mayor, portavoz de los vecinos que se oponen a la recalificación, subraya el hecho de que varios de los promotores de la iniciativa para recalificar los 200.000 metros cuadrados y desarrollar el polígono industrial El Clérigo son a su vez propietarios de terrenos que resultarían afectados por el cambio de calificación urbanística, según los datos que aparecen en el Registro de la Propiedad. Esta coincidencia entre promotores y propietarios se da en los casos de Inmobiliaria Barxell, Viuda de Juan Pérez Aura y Juan Manuel Erum.

El polígono, caso de culminar la propuesta del Ayuntamiento de Alcoy, daría acceso a la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos a través de unos viales que se construirían sobre los terrenos propiedad, en su mayor parte, de los promotores de El Clérigo. Los vecinos que se oponen a la recalificación opinan que la misma no se puede llevar a cabo porque choca con la Ley de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, que no permite a particulares iniciar una modificación urbanística que convierta un suelo de especial protección en industrial.

Por otra parte, Rosa Mayor denuncia la existencia de no pocas irregularidades en la tramitación del proyecto de la planta de transformación de residuos que afectarían, incluso, a las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente. La más grave, sin duda, apunta a un técnico de este departamento. Francisco Javier Zarzosa, que realizó el proyecto para Vaersa, empresa pública que construye y explota la planta, y a la vez el estudio de impacto ambiental. El resultado, según la portavoz de los vecinos, es que dicho estudio no aporta alternativas ni justifica la elección de la zona para construir la planta tal como exige el artículo 2.3 de la Ley de Impacto Ambiental.

La Consejería de Medio Ambiente, además, hizo pública su declaración favorable a la ubicación de la planta el 2 de mayo de 2000, seis días antes de que finalizara el plazo de alegaciones al estudio de impacto realizado por Olivares Zarzosa y sin que los afectados tuvieran prácticamente tiempo material para presentar sus reclamaciones. Con todo, el Consell consideró que los terrenos donde se construye la planta de transferencia de residuos sólidos eran suelo no urbanizable de protección de los bordes urbanos. Una calificación que ahora se pretende cambiar.

El anuncio de la construcción de la planta de transferencia ya provocó las primeras protestas de diversos vecinos, quienes, tras la colocación de la primera piedra, denunciaron que el estudio de impacto ambiental incumplía al menos dos de los ocho requisitos mínimos exigidos por ley para su declaración favorable: la presentación de un estudio de alternativas y la justificación de la elección de la zona. Tras estas reclamaciones el ayuntamiento alcoyano, regido entonces por el socialista Josep Sanus, solicitó un informe a un ingeniero municipal, quien concluyó que la industria resultaba 'molesta, nociva, insalubre y peligrosa por su proximidad a la población'. El arquitecto redactor del plan especial de la zona también desaconsejó la instalación de la planta y el consistorio suspendió el proceso en julio de 2000.

Pero en octubre de ese mismo año, con Miguel Peralta, del PP, en la alcaldía, se subsanaron los defectos que llevaron a la paralización del proyecto y se iniciaron las transformaciones del terreno y la colocación de la primera piedra sin licencia de obra y de actividad y sin el preceptivo permiso de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Los vecinos se quejan por las irregularidades y por la falta de información por parte del ayuntamiento: 'La Ley de Procedimiento Administrativo', dicen, 'exige que cuando el ciudadano se persona como parte interesada en un procedimiento debe ser informado de todos y cada uno de los pasos. No ha sido así'.El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil ha trasladado al fiscal de Medio Ambiente la denuncia presentada por los vecinos afectados de la Partida de Sant Benet, para que se investiguen las supuestas irregularidades en la calificación de los terrenos. Éstas serían la falta de rigor en la confección del estudio de impacto ambiental o la posible falta de permisos de obras, de actividad y licencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar para poder rellenar el barranco que ocupará la planta, según explicó Rosa Mayor, portavoz del colectivo de vecinos. Mayor agregó que el Seprona ha detectado indicios de posible delito medioambiental por lo que ha dado parte a los servicios jurídicos de la comandacia en Barcelona.

Esta investigación se sumaría a la iniciada por el Síndic de Greuges que ha admitido a trámite la queja presentada por los vecinos y ha solicitado de oficio al Ayuntamiento de Alcoy la documentación del plan especial aprobado para la construcción de la planta de transferencia y selección de residuos sólidos urbanos.

Esta queja se presentó el pasado 13 de julio, poco después de que comenzasen las obras de la planta de residuos, con la colocación de la primera piedra a la que asistió el consejero de Medio Ambiente Fernando Modrego y representantes de la empresa constructora Vaersa.

La portavoz de los vecinos resaltó la importancia de estas últimas actuaciones del Seprona y del Síndic de Greuges. 'Mientras que las quejas presentadas al gobierno municipal en el último año no han tenido ningún resultado, sí hemos tenido respuesta rápida del Síndic de Greuges y de la Guardia Civil, dos entidades neutrales, que han podido observar indicios de posibles irregularidades en la tramitación de esta planta de transferencia y eso es de agradecer', concluyó.