Doble vara
El intento de populares y socialistas de cerrar el curso político con un acuerdo para renovar los cargos institucionales vacantes lleva camino de terminar en suspenso y quedar aplazado hasta septiembre. Después de tres días de tensas negociaciones, siempre al borde de la ruptura, los dos partidos mayoritarios habían alcanzado ayer un acuerdo in extremis sobre la elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el PP se desvinculó del mismo al empantanarse las negociaciones sobre la renovación del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional. Este órdago de todo o nada amenaza con dejar en situación desairada a los jueces, que habían cumplido los plazos perentorios marcados por el Parlamento para designar a sus candidatos.
En esta ocasión había materia más que sobrada para que la renovación institucional se presentara especialmente ardua. Nada menos que 36 cargos de diversos órganos constitucionales están en juego al coincidir el final de sus respectivos mandatos. Por no hablar de los consejeros del Banco de España, que, aunque no son de elección parlamentaria, suelen ser designados con la anuencia de las fuerzas políticas. Tamaño reparto no podía dejar de suscitar el interés de los partidos políticos que, por una cualificada mayoría parlamentaria de tres quintos, deben elegir a las personas que han de ocupar estos puestos. Pero el recientemente firmado Pacto por la Justicia invitaba a pensar que en esta ocasión, en vez de una conquista política de la Justicia, los dos partidos mayoritarios -que suman 308 de los 350 escaños del Congreso- harían un ejercicio de flexibilidad y valoración más ecuánime de la competencia de los candidatos elegidos. Y todo ello en el tiempo convenido por ellos mismos. De momento no ha sido así.
Dos cuestiones han dificultado el acuerdo: el campo de influencia de los dos partidos mayoritarios en las instituciones y el perfil de los candidatos. En el caso del Poder Judicial, el PP pretendía adjudicarse 11 de los 20 vocales, que, sumados a la presidencia, le otorgarían una mayoría mucho más holgada de la que realmente obtuvo en las últimas elecciones generales. Finalmente aceptó conformarse con 10 vocales (más la presidencia), por siete designados por el PSOE y tres por las minorías parlamentarias. Su veto a la candidata propuesta por el PNV -la diputada Margarita Uría-, con el argumento de que no es aceptable que un político se siente en el Consejo del Poder Judicial, de momento deja fuera de ese órgano a los nacionalistas vascos. Un error estratégico que el PNV explotará al máximo.
Superado a duras penas el escollo del Poder Judicial, el choque de trenes entre los dos partidos se produjo en las candidaturas al Tribunal de Cuentas y al Constitucional. El PP se cerró en banda, incluso con una intervención pública de Aznar en un curso de verano, a algunos candidatos del PSOE por su 'excesivo perfil político'. El PP considera que un antiguo ministro o un parlamentario no pueden ocupar cargos en el Tribunal de Cuentas. Pero, dada su propia lista de candidatos, parecería que este purismo vale sólo para los socialistas. Tiene razón el PSOE al afirmar que se trata de un veto político encubierto a derminados nombres. Y de una doble vara de medir, política y moral. El argumento del PP es defendible siempre que se aplique con carácter general.
Hay otro aspecto central a reseñar en este asunto: el inquietante empeño del PP por sentar en el Tribunal Constitucional a un magistrado de extrema derecha, con una biografía política vinculada al franquismo. ¿Son éstos los intérpretes de la Constitución que quieren un partido que se dice de centro reformista?
