Delegados sindicales de Santa Bárbara retienen a su equipo directivo

Diez delegados sindicales de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el comité intercentros de la Empresa Nacional de Santa Bárbara retuvieron ayer al equipo directivo de la empresa, incluido su presidente, Alfonso Vila, en la sede madrileña de la compañía.

Según un portavoz de los sindicalistas, este acto se produjo para reclamar a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) información sobre el proceso de venta de la empresa pública a la estadounidense General Dynamics, a la que los trabajadores se oponen.

Los delegados se trasladaron a Madrid el pasado día 17 para mantener una reunión con la dirección de la empresa que había sido fijada por ambas partes para ese día. Según un sindicalistas, al llegar a la sede de la empresa, se les comunicó que la reunión no tendría lugar 'por órdenes que venían desde arriba' por lo que decidieron permanecer encerrados en la sede de la empresa para reclamar un encuentro.

Ayer decidieron bloquear las salidas de la empresa, por lo que Vila y otros directivos quedaron encerrados en el edificio. Finalmente la policía expulsó a los delegados sindicales a las nueve y media de la noche.

El comité intercentros cree que la orden de no recibirles viene directamente del vicepresidente de la SEPI, Jordi Dagá, quien según ellos es la persona que dio la orden a Vila de suspender el encuentro.

La empresa pública Santa Bárbara está en proceso de compra por parte de la multinacional estadounidense General Dynamics. Sus trabajadores temen por la situación laboral en la que quedarán después de la venta.

Hace justamente un año los trabajadores votaron mayoritariamente contra esta operación de venta, y este julio enviaron una carta al presidente del Gobierno, José María Aznar, para expresarle su desacuerdo con una privatización que consideran 'fraudulenta'.

Por su parte, la Unión General de Trabajadores explicó ayer que la venta de Santa Bárbara es una operación 'ilegal y lesiva' para los intereses de la compañía. El sindicato piensa que dicha operación va a perjudicar la estabilidad de la plantilla y las condiciones sociolaborales de sus trabajadores.